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BOHIO: SJRM demanda suspender repatriaciones masivas

BOHIO: SJRM demanda suspender repatriaciones masivas

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Fecha: Mon, 16 May 2005 14:03:04 -0400
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-----------> ESPAÑOL (MENSAJE ORIGINAL)

Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes (SJRM)

SJRM demanda suspender repatriaciones masivas de haitianos/as y
dominicanos/as de ascendencia haitiana

DAJABON. República Dominicana- El Servicio Jesuita a Refugiados y
Migrantes demandó del Estado dominicano suspender de inmediato los
operativos militares que han venido realizando en estos días en varias
comunidades de la zona noroeste, para repatriar de forma indiscriminada
a todos/as los/as haitianos/as y los/as dominicanos/as de ascendencia
haitiana, violando las leyes nacionales e internacionales vigentes en
materia de derechos humanos.
Desde el pasado viernes 13 de mayo por el puesto fronterizo de Dajabón,
han sido expulsados/as hacia Haití cientos de niños, niñas, mujeres
embarazadas y trabajadores migrantes sin verificar su status migratorio
que le permite su permanencia en la República Dominicana, y basándose
solamente en el color de su piel.
Hasta la fecha han sido repatriadas alrededor de dos mil personas, entre
ellos/as muchos/as nacionales dominicanos/as de tez negra por su
ascendencia haitiana. Esta acción, que no podrá ser tolerada en el
ámbito nacional e internacional, expone el país a ser sancionado por los
organismos internacionales.
Las expulsiones masivas han tenido origen en la difícil situación quese
ha producido en la comunidad de Hatillo Palma (Montecristi), tras el
asesinato de la señora Maritza Núñez por manos de presuntos nacionales
haitianos, el pasado lunes 9 de mayo. Este es el quinto caso de
asesinato de personas residentes en dicha comunidad atribuido a
nacionales haitianos en los últimos tres años.
Este último caso desató la irá de grupos de ciudadanos/as armados/as,
quienes obligaron a la minoría haitiana, bajo amenaza de muerte, a
abandonar sus casas, muchas de las cuales fueron luego saqueadas. Sin
embargo, la mayoría de la comunidad, para evitar más muertes, ha exigido
el apoyo de las autoridades para expulsar de inmediato a todo/a migrante
haitiano/a, ya sea que se encuentre viviendo de manera legal o no
autorizada en Hatillo Palma, por lo que los/as hatilleros/as repiten “Ya
no queremos ni un haitiano en nuestro pueblo”.
A este pedido, las autoridades, en vez de responder al solo fin de
proteger a la minoría haitiana amenazada de muerte, están aprovechando
la ocasión para ejecutar la más grande expulsión masiva e indiscriminada
de haitianos desde el año 1991, extendiéndola a toda la zona noroeste.
Aunque las autoridades militares y de la Dirección General de Migración
argumentan que se está tratando de un operativo de “repatriación”contra
los/as migrantes ilegales, el Servicio Jesuita a Refugiados/as y
Migrantes (SJRM), a través de su personal ubicado en la frontera norte,
sigue acogiendo a decenas de niños y niñas con certificados de
nacimiento dominicano; adultos/as con cédulas de identidad dominicana;
haitianos/as con pasaportes y visados vigentes; trabajadores migrantes
con permisos de trabajo temporal expedido de manera legal por las
autoridades dominicanas que están involucradas en los hechos de los
últimos días. El SJRM define todo esto como una “expulsión
indiscriminada, ilegal e inhumana”.
El SJRM considera que las autoridades están violando el debido proceso
de repatriación establecido por la ley de Migración número 285-2004y
por el Protocolo de entendimiento sobre mecanismos de repatriación entre
la República Dominicana y la República de Haití, sucrito el 2 de
diciembre de 1999. Además, se está violando la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH), en lo que se refiere a los derechos de
los/as extranjeros/as que se encuentren legalmente en el territorio de
un Estado parte del convenio y expresamente la expulsión colectiva de
extranjeros/as (Art. 22.9 CADH).
Contrario a lo establecido por estas normas, en los últimos días han
llegado al paso fronterizo de Dajabón, República Dominicana, más de
2,000 personas y las autoridades anuncian que el número aumentará
considerablemente en los próximos días.
El SJRM exige a las autoridades dominicanas la inmediata suspensión del
operativo, para evitar se sigan sumando más pruebas a las ya existentes,
suficientes para demandar al Estado dominicano ante los organismos
internacionales.
Las personas que están siendo transportadas a Dajabón en volteos,
camiones militares y autobuses de la Dirección General de Migración para
la deportación hacia Haití, cuentan la forma en la cual han sido
deportados/as:
“Fuimos sacados de nuestras casas a las seis de la mañana y montados en
los vehículos sin permitirnos recoger nuestras pertenencias; sin darnos
tiempo de avisar a nuestros familiares, dejamos hijo o uno de nuestros
padres”.
De igual manera, muchos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana han
declarado que las autoridades de migración los despojaron de los
documentos de identidad personal que podían probar su derecho a
permanecer de manera legal en el país que los vio nacer. Estas personas,
después de pocas horas de viajes, se encontraban en un país donde nunca
habían estado, sin nada de comer y sin saber donde dormir.
Denunciamos que tan sólo el viernes 13 de mayo, expulsaron a 756
personas. Entre los casos que el personal del SJRM pudo dar seguimiento,
se constataron:

- 53 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana debidamente
documentados;
- 12 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana despojados de
sus documentos de identidad cuya existencia fue verificada en el padrón
de la Junta Central Electoral dominicana;
- 21 familias que dejaron uno o más niños/as del lado dominicano.
-
La ciudad fronteriza haitiana de Wanament está sumergida en un estado de
grave emergencia frente a esta llegada masiva, descontrolada e
inesperada de expulsados/as, debido a la inexistencia de los más mínimos
servicios básicos, tales como agua, luz, alimentación y escasos
servicios médicos.
Esta calamitosa situación humanitaria, que corre el riesgo de agravar la
ya difícil relación entre los dos pueblos que comparten la Isla
Hispaniola, en un momento de grave vacío político que está viviendola
República de Haití, es el fruto de la “doble moral” con la que están
actuando las autoridades dominicanas. Por un lado, siempre han estado
rechazando la presencia haitiana en el país, pero, por el otro la
necesitan por la falta de mano de obra criolla en renglones claves de la
economía, beneficiándose de la condición de debilidad y vulnerabilidad
en la que se encuentran los/as trabajadores/as migrantes y sus familias.
Muchas personas que se encontrarán en el territorio haitiano al final de
esta expulsión masiva, buscarán todos los medios a su disposición para
regresar a los lugares de trabajo y a las casas que tuvieron que dejar
abandonadas con todas sus pertenencias. Las autoridades de la República
Dominicana solo deben esperar que eso pase para empezar a contar sus
ganancias: en el caso de cruce legal, serán miles los nuevos carnés de
trabajo temporal y centenares los pasaportes que necesitarán nuevas
visas; en el caso de cruce ilegal, serán muchos los miles de pesos en
sobornos que se repartirán entre los militares asignados en los puestos
de chequeos fronterizos y en el interior del país.
Es responsabilidad del Director General de Migración, Carlos Amarante
Baret, detener inmediatamente estas expulsiones masivas y trabajar para
que se conviertan en repatriaciones ordenadas y respetuosas de la
dignidad humana de toda persona que se encuentre de manera irregular en
el territorio dominicano.
Confiamos en el sentido de responsabilidad del Presidente de la
República, doctor Leonel Fernández Reyna, el cual es un gran conocedor
de las repercusiones negativas que estas prácticas puedan ocasionar a la
imagen internacional de la República Dominicana y a su economía, que se
sostiene en gran parte por la exportación de productos agrícolas y por
el turismo proveniente de países que son sensibles a este tipo de
violación a los derechos humanos. Una expulsión masiva de esta
dimensión, sólo puede entenderse como una excusa para desviar la
atención de la opinión pública de los reales problemas internos y
externos del país, tales como los megaproyectos millonarios de
construcción del metro para la ciudad de Santo Domingo y la utilización
de fondos públicos para invertir en un hospital privado en Santiago de
los Caballeros, entre otros.
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes/SJRM pide que el Estado
dominicano asuma su responsabilidad para formular una clara y justa
política migratoria, en la cual se respeten las leyes nacionales e
internacionales vigentes en materia de derechos humanos de todas las
personas, sin importar su raza, sexo, idioma y religión, que contribuya
a detener la entrada irregular de los/as migrantes y favorezca las
relaciones con las personas que residen de manera legal en el país.

Por el SJRM

Padre José Núñez SJ Padre Regino Martínez SJ
Director SJRM Director Solidaridad Fronteriza/SJRM

Dajabón, República Dominicana Lunes 16 de mayo de 2005

NOTA: Para obtener información actualizada sobre lo que está pasando en
la frontera visite la pagina web de Solidaridad Fronteriza
www.solidaridadfronteriza.org en la que encontrarás fotos tomadas en el
lugar de los hechos por Gianni Dal Mas, cooperante del SJRM.

Teléfonos:
Solidaridad Fronteriza 579-8993 Fax 579-7012
Oficina de Santo Domingo 688-1646 Fax 682-7995
Área de Comunicación del SJRM

-----------> FRANCAIS (ATTENTION: CECI EST UNE TRADUCTION AUTOMATIQUE NON
                     REVISEE DE L'ORIGINAL EN ESPAGNOL)

Service Jésuite à des Réfugiés/as et Migrants (SJRM)

SJRM exige de suspendre des rapatriements massifs haitianos/d'as et
dominicains/as d'ascendance haitiana

DAJABON. République dominicaine - le Service Jésuite à des
Réfugiés et Migrants a exigé de l'État dominicain de suspendre
immédiatement les militaires opérationnels qui ont effectué dans
ces jours dans plusieurs Communautés de la zone nord-ouest, pour
rapatrier de manière non-discriminée à à tous/as/as haitianos/as
et/as dominicains/as d'ascendance haitiana, en violant les lois
nationales et internationales en vigueur en matière de droits
humains.
Depuis passé vendredi 13 mai par le poste frontalier de Dajabón, ont
été expulsé/as vers Haïti centaines enfants, enfants, femmes
enceintes et travailleurs migrants sans vérifier son status migrateur
qui lui permet sa permanence dans la République dominicaine, et en se
basant seulement la couleur de sa peau.
Jusqu'à présent la ont été rapatrié autour de deux mille
personnes, entre eux/as beaucoup/as ressortissants dominicains/as de
tez noire par son ascendance haitiana. Cette action, qui ne pourra pas
être tolérée dans le cadre national et international, expose le
pays à être sanctionné par les organismes internationaux.
Les expulsions massives ont eu origine dans la situation difficile qui
s'est produite dans la Communauté de Hatillo Palmier (Montecristi),
après le meurtre de la Madame Maritza Núñez par des mains de
ressortissants haitianos présumés, passé lundi 9 mai. Celui-ci est
le cinquième cas de meurtre de personnes résidantes dans cette
Communauté attribué à des ressortissants haitianos durant les
dernières trois années.
Ce dernier cas l'a déliée ira de groupes de citoyens/as armés/as,
ceux qui ont obligé à la minorité haitiana, sous menace de décès,
à abandonner ses maisons, dont beaucoup ont été ensuite pillées.
Toutefois, la majorité de la Communauté, pour éviter davantage de
décès, a exigé l'appui des autorités pour expulser immédiatement
à todo/a migrant haitiano/a, ou qui est trouvé en vivant de manière
légale ou non autorisée en Hatillo Palmier, ce pourquoi/as
hatilleros/as répètent "nous ne voulons déjà pas ni un haitiano
dans notre peuple".
À cette commande, les autorités, au lieu de répondre à la seule
fin de protéger à la minorité haitiana menacée de décès,
profitent de l'occasion pour exécuter la plus grande expulsion
massive et non-discriminée de haitianos depuis l'année 1991, en
l'étendant à toute la zone nord-ouest.
Bien que les autorités militaires et de la Direction Générale de
Migration fassent valoir qu'il s'agit d'opérationnel de
"rapatriement" contre/as migrants d'un illégal, le Service Jésuite
à des Réfugiés/as et Migrants (SJRM), par le biais de son personnel
situé à la frontière nord, continue à faire valoir à des
dizaines enfants et enfants avec recommandés de naissance dominicaine
; adultes/as avec des cédules d'identité dominicaine ; haitianos/as
avec des passeports et des visas en vigueur ; travailleurs migrantsavec
des autorisations de travail temporaire envoyé de manière
légale par les autorités dominicaines qui sont insérées dans les
faits des derniers jours. Le SJRM définit tout ceci comme une
"expulsion non-discriminée, illégale et inhumaine".
Le SJRM considère que les autorités violent le nécessaire processus
de rapatriement établi par la loi de Migration nombre 285-2004 et par
le Protocole d'entendement sur les mécanismes de rapatriement entre
la République dominicaine et la République de Haïti, sucrito le 2
décembre 1999. En outre, on viole la Convention Américaine sur les
Droits Humains (CADH), en ce qui concerne les droits/as étrangers/as
qui se trouvent légalement dans le territoire d'un État divise de la
convention et expressément l'expulsion collective d'étrangers/as
(Art. 22.9 CADH).
Adversaire a ce qui est établi par ces normes, dans les derniers
jours sont arrivé au pas frontalier de Dajabón, République
dominicaine, plus de 2.000 personnes et les autorités annoncent que
le nombre augmentera considérablement dans les prochains jours.
Le SJRM exige des autorités dominicaines la suspension immédiate de
de ce qui est opérationnel, pour être évité on à ajouter
davantage d'essais celles déjà existantes, suffisantes pour exiger
à l'État dominicain devant les organismes internationaux.
Les personnes qu'ils sont transportés à Dajabón dans volteos,
camions militaires et autobus de la Direction Générale de Migration
pour la déportation vers Haïti, comptent la manière dans laquelle
as ont été des déportés/: "Nous avons été sortis de nos maisons
aux six heures du matin et avons été montés dans les véhicules
sans se permettre de rassembler nos propriétés ; sans nous donner du
temps d'informer à nos parents, nous laissons fils ou un de nos
pères ".
De manière égale, beaucoup/as dominicains/as d'ascendance haitiana
ont déclaré que les autorités de migration les ont dépouillés des
documents d'identité personnelle qui pouvaient prouver leur droit de
rester de manière légale dans le pays qui les a vus naître. Ces
personnes, après quelques heures de voyages, se trouvaient dans un
pays où elles n'avaient jamais été, sans rien de manger et sans
savoir où dormir.
Nous dénoncions que vendredi 13 mai, ils ont expulsé seulement à
756 personnes. Entre les cas que le personnel du SJRM a pu donner
suivi, ils ont été constatés :

- 53 citoyens/as dominicains/as d'ascendance haitiana dûment
documentés ;
- 12 citoyens/as dominicains/as d'ascendance haitiana dépouillés de
ses documents d'identité dont l'existence a été vérifiée dans le
rôle de l'Assemblée Centrale Électorale dominicaine ;
- 21 familles qui ont laissé un ou davantage d'enfants/as du côté
dominicain.
- La ville frontalière haitiana de Wanament est submergée dans un
état d'urgence grave face à cette arrivée massive, perdue le
contrôle et inattendue expulsés/d'as, étant donné la non-existence
des services de base les plus minimaux, comme eau, lumière,
alimentation et faibles services médicaux.Cette situation humanitaire
désastreuse, qui court le risque
d'aggraver la relation déjà difficile entre les deux peuples qui
partagent l'Île Hispaniola, à un moment de vide politique grave que
vit la République de Haïti, est le fruit de la "double morale" avec
laquelle agissent les autorités dominicaines. D'une part, ils ont
toujours rejeté la présence haitiana dans le pays, mais, d'autre
part. de l'ils ont besoin par le manque de main d'oeuvre créole dans
des lignes clef de l'économie, en profitant de la condition faiblesse
et vulnérabilité dans laquelle on trouve/as travailleurs/as migrants
et ses familles.
Beaucoup de personnes qui se trouveront dans le territoire haitiano à
la fin de cette expulsion massive, chercheront tous les moyens à sa
disposition pour retourner aux lieux de travail et aux maisons
qu'elles ont dû laisser abandonnées avec toutes ses propriétés.
Les autorités de la République dominicaine doivent seulement
espérer que cela passe pour commencer à compter ses profits : dans
le cas de croisement légal, les passeports qui auront besoin de
nouveaux visas seront les mille les nouvelles viandes travail
temporaire et centaines ; dans le cas de croisement illégal, seront
beaucoup les milliers de pesos dans des corruptions qui seront
distribuées entre les militaires assignés dans les postes de
contrôles frontaliers et dans le pays.
Il est la responsabilité du Directeur Général Migration, de Carlos
Amarante Baret, arrêter immédiatement ces expulsions massives et
travailler pour qu'ils se transforment rapatriements ordonnés et
respectueux de la dignité humaine de toute personne qui se trouve de
manière irrégulière dans le territoire dominicain.
Nous confions le sens de responsabilité du Président de la
République, docteur Leonel Fernández Reyna, lequel est un grand
connaisseur des répercussions négatives que ces pratiques peuvent
provoquer à l'image internationale de la République dominicaine et
à leur économie, qui est soutenue dans une grande partie par
l'exportation de produits agricoles et par le tourisme provenant de
pays qui sont sensibles à ce type de violation aux droits humains.
Une expulsion massive de cette dimension, peut seulement être
comprise comme une excuse pour dévier l'attention de l'opinion
publique des problèmes internes et externes réels du pays, comme les
megaproyectos millionnaires de construction du mètre pour la ville de
Saint-Domingue et l'utilisation de fonds publics pour investir dans un
hôpital privé en Santiago des Chevaliers, entre autres.
Le Service Jésuite à des Réfugiés et Migrants/SJRM demande que
l'État dominicain assume sa responsabilité pour formuler une
politique migratrice claire et juste, dans laquelle on respecte les
lois nationales et internationales en vigueur en matière de droits
humains de toutes les personnes, sans importer sa race, sexe, langue
et religion, qui contribue à arrêter l'entrée irrégulière/as
migrants et favorise les relations avec les personnes qui résident de
manière légale dans le pays.Par le SJRM

Père José Núñez SJ Père Regino Martínez SJ Directeur SJRM
Directeur Solidarité Frontalière/SJRM

Dajabón, République dominicaine Lundi 16 mai 2005

NOTE : Pour obtenir une information mise à jour sur ce qu'il passe
à la frontière visitez la page web de Solidarité Frontalière
www.solidaridadfronteriza.org dans laquelle tu trouveras des photos
prises dans le lieu des faits par Gianni Dal Plus, coopérant du SJRM.

Téléphones :
Solidarité Frontalière 579-8993 Fax 579-7012 Bureaux de
Saint-Domingue 688-1646 Fax 682-7995 Secteurs de Communication du SJRM

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