Lista Bohio
BOHIO: Fwd: DHMH: la sentencia de la suprema corte sobre el apartheid

BOHIO: Fwd: DHMH: la sentencia de la suprema corte sobre el apartheid

Write haof XML files: Margarita <margarita_at_funredes.org>
Fecha: Thu, 22 Dec 2005 08:01:45 -0400
Message-Id: <200512221351.jBMDpEZZ001644@samana.funredes.org>

-------> ESPANOL / MESSAGE ORIGINAL

From: Desiree Del Rosario <desireerosario@yahoo.com>
Subject: DHMH: la sentencia de la suprema corte sobre el aparthei rosado ...

Apreciadas y apreciados amigos:

Les comparto el texto de la sentencia sobre el recurso de
inconstitucionalidad sometido por un conjunto de organizaciones las
cuales consideraron una violacion grave el hecho de que personas que nacen
en el territorio de la Republica Dominicana les sea entregado un acta de
nacimiento de color rosado distinto al que se otorga a personas cuyas
madres tienen documentos de identidad, y otros articulos que se constituyen
en verdaderos mecanismos de discriminacion en perjuicio de un grupo de
personas pobres del pais e inmigrantes.

Esta sentencia superficial al analizar las implicaicones de que una ley
pueda sugerir un cambio constitucional en la definicion de quienes son los
nacionales establecidos por el art 11 de la constitución, pero una vez
definido no puede escudarse en la indocumentacion se hereda, y la negacion
de derechos a niños y niñas podría ser prioridad absoluta interés superior
siempre y cuando sus madres no sean haitianas. Que barbaridad.

Los criterios de justicia y de Derechos Humanos considerados acá segun dice
la sentencia parece que todos fueron acomodados para parecer que la
nacionalidad que aparece en la constitucion es solo una vision óptica

Mis saludos
Desiree

No todo esta dicho porque todavía hay muchos gemidos, muchas voces y muchos
cantos que no se escuchan.

Luis Pérez Aguirre.S.J

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Issa, Presidente;
Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita
Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan
Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes
Pérez, Dulce María Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José
Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía,
Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández
Machado, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus
audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy
14 de diciembre del 2005, años 162° de la Independencia y 142° de la
Restauración, en funciones de Tribunal Constitucional, dicta en audiencia
pública, la siguiente sentencia:

Sobre la acción en inconstitucionalidad intentada por el Servicio Jesuita a
Refugiados y Migrantes (SJRM), representado por su Director, José Núñez SJ
(ced. 001-0332144-4), el Centro Cultural Domínico-Haitiano, Inc. (CCDH),
representado por su Director, Dr. Antonio Pol Emil (céd. 023-0007287-9), el
Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA),
representado por su Director, Dr. Joseph Cherubin (ced. de residente
001-126695-4), la Asociación Pro Desarrollo de la Mujer y Medio Ambiente,
Inc. (APRODEMA), representada por su Directora, Inoelia Remy (ced.
001-0363517-3), el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Inc. (MUDHA),
, representado por su Directora, Sra. Sonia – Solain Pierre (ced.
001-0942252-7), el Centro Dominico de Asesoría e Investigaciones Legales
(CEDAIL), representado por su Director, Dr. Pedro Ubiera (ced.
001-0134709-4), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
representada por su Presidente, Dr. Manuel María Mercedes Medina (ced.
001-0234211-0), Amnistía Internacional Grupo Santo Domingo, representada
por su Coordinador, Dr. Santos Bello Benítez (ced. 001-0050170-9), el
Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), representado por su Director,
Virgilio Almánzar (ced. 001-0522659-1), la Pastoral Cristiana de los
Derechos Humanos representada por el Rvdo. Ángel Salvador Sánchez (ced.
001-0240090-0), el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo SJ (CES
Montalvo), representado por su Director, Mario Serrano SJ
(ced.001-032983-9), la Colectiva Mujer y Salud, representada por su
Directora Sergia Galván (ced. 001-013721-5), el Instituto de Derechos
Humanos Santo Domingo (IDHSD), representado por su Directora Vielka Polanco
(ced. 001-0101093-2) el Comité de Seguimiento del Foro Ciudadano
representado por su Secretaria general Sra. Sergia Galván (ced.
001-013721-5) , y la Caribbean Association for Feminist Research and Action
(CAFRA) representada en República Dominicana por la Sra. Sergia Galván
(ced. 001-013721-5), todas instituciones incorporadas según la Ley núm. 520
de Asociaciones sin fines de Lucro de la República Dominicana;

Visto, la instancia depositada en esta Suprema Corte de Justicia, el 27 de
junio de 2005, suscrita por los Dres. Antonio Pol Emil, Eddy Tejeda Cruz,
Roberto Antúan José, Humberto Michel Severino, Marisol Antigua, Santos
Bello Benítez, Benito Cruz Peña, María Victoria Méndez y Moisés Medina
Moreta, abogados de los impetrantes, la cual concluye así: “Único: Que
declaréis la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 28, 36, 49,
56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración núm.
285-04, del 27 de agosto de 2004, con todas las consecuencias de derecho”;

Visto el escrito de Intervención de Refutación de la demanda en
Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley sobre Migración núm.
285-04, del 27 de agosto de 2004, depositado en la Secretaría General de la
Suprema Corte de Justicia en fecha 30 de septiembre de 2005 y suscrita por:
Lic. Juan Miguel Castillo Pantaleón, Licda. Leila Roldán, Dr. Lupo
Hernández Rueda, Dr. Jottin Cury, Dr. Jottin Cury (hijo); Dr. Manuel Bergés
Chupani, Dr. Manuel Bergés (hijo), Dr. Mario Read Vittini, Dr. Víctor Gómez
Bergés, Dr. Julio César Castaños Guzmán, Lic. Juan Manuel Rosario, Dr.
Mariano Rodríguez, Dr. Fernando Hernández Díaz, Lic. Vinicio Castillo
Selmán, Lic. Manuel Ramón Tapia López, Lic. Luis Rafael Vílchez Marranzini,
Dr. Teófilo Lappot Robles, Dr. Jacobo Simón Rodríguez, Lic. Luis Alfonso
Mercado Alvarado, Lic. Manuel Aybar Ferrando, Dr. Ramón Andrés Díaz; Lic.
Dulce María Féliz Maríñez, Lic. Ana María Rodríguez Castro y Dr. Deomedes
E. Olivares, quienes actúan en representación del Dr. Armando Armenteros
Estrems, Presidente del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional
con Haití, Inc., Dr. Joaquín Ricardo, Ing. Johnny Jones, Diputado César
Santiago Rutinel Domínguez (Tonty), Diputado José Ricardo Taveras, Dr.
William Jana T., Dr. Manuel Núñez, Dr. Juan Tomás Mejía Feliú, Federico
Henríquez Gratereaux, Dr. Mariano Lebrón Saviñón, Ing. José Ramón Martínez
Burgos, Dr. Guiseppe Rímoli Martínez, Dr. Abelardo Piñeyro, Altagracia R.
Coiscou, Humberto Rímoli, Dr. Julio Hazim Risk, Consuelo Despradel, Héctor
Tinero, Darío Cuba Amparo, Persio Maldonado, Cristino del Castillo, Machi
Constant, Rafael Ortiz, Fernando Casado, Dr. Franklin Guerrero, Dense Reyes
Estrella, Carmen S. de Armenteros, Deidamia Pichardo Grullón, Guillermo
Hernández, Dr. Mauricio Espinosa, Alvaro Logroño Fiallo, Dr. Abraham
Medina, Dr. Pablo Nadal Salas, Licda. Raisa Marion-Landais Peña, William
Ramón Tapia Marion-Landais, Licda. María Soledad Benoit Brugal, Ramón Oscar
Tapia Marion-Landais, Raisa Mercedes Tapia Marion-Landais, Lic. Santo
Miguel Román, Dr. Luis Ventura, Fabio Caminero Gil, Angel Acosta Abad,
Vidalito Santos, Francisco Núñez, Antonio Santos Amparo, Ricardo López,
Lic. Eugenio Díaz Pérez, Lic. Luisa Reyes, General José Miguel Soto
Jiménez, General Oscar Padilla Medrano, General Manuel Cruz Méndez,
Vicealmirante Manuel Montes Arache, Vicealmirante Rubén Paulino Álvarez,
Vicealmirante Rolando Polanco, General Virgilio Matos Mieses, Comandante
Evelio Hernández, General Román Ramiro Caamaño Sánchez, Contralmirante Luis
Feliz Roa, Contralmirante Domingo Gómez, General Manuel Hernández, Mayor
General Juan Nolasco Rodríguez, General Héctor Valenzuela, Contralmirante
Ramón N. Hernández, Contralmirante Narciso Cassó Rincón, Contralmirante
Héctor T. Ramírez Cruz, Rafael A. Abreu Martínez, Contralmirante Danilo
Fortunato Cruz, Mayor General Octavio de Js. Jorge P., la Juventud Nacional
Comprometida, Inc. (Junco), debidamente representada por su presidente Dr.
Víctor Caamaño y por lo siguientes miembros directivos: Lic. Leila Mejía,
Carlo Santos, Carolina Priscilla Velásquez Castillo y Manuel Rodríguez;

Visto la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de
1948;

Visto la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, del 18 de diciembre de 1979;

Visto la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, del 21 de diciembre de 1965;

Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
del 16 de diciembre de 1966;

Visto la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del 22 de
noviembre de 1969;

Visto la Convención sobre Condición de Extranjeros suscrita en la VI
Conferencia Interamerica de La Habana, Cuba, de 1928;

Visto el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, de 1966;

Visto la Convención de la Haya, sobre Nacionalidad, de la Liga de las
Naciones, de 1930;

Visto la Convención sobre el Estado de los Apátridas, de las Naciones
Unidas, de 1954;

Visto la Convención para Reducir los casos de Apatridia, de las Naciones
Unidas, de 1961;

Visto el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación
entre los Gobiernos de la República Dominicana y de la República de Haití,
de 1999;

Visto la Declaración sobre la Condiciones de la Contratación de sus
Nacionales entre los Gobiernos de la República Dominicana y la República de
Haití, de 2000;

Visto la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil, de 1944;

Visto el Preámbulo de la Ley General de Migración núm. 285-04, de 2004;

Visto la Constitución de la República de Haití, en su artículo 11;

Vistos los artículos 3 párrafo; 8 párrafo 1, numeral 2 letra j), 5 y 9
letra f); 11 numeral 1; 37 numeral 9; 67 numeral 1 y 100 de la
Constitución y 13 de la Ley núm. 156-97, de 1997, que modifica la Ley núm.
25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia;

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, del 25
de agosto de 2005, que termina así: “Primero: Que procede declarar regular
en la forma la instancia en solicitud de declaratoria de
inconstitucionalidad en contra de la Ley 285-04 del 27 de agosto de 2004,
representada por los Dres. Antonio Pol Emil, Eddy Tejada Cruz, Roberto
Antúan José y otros (023-0007287-9, 001-0086143-4, 001-0402365-0,
068-0006215-1 y 018-0033951-5), respectivamente. Segundo: Que sean
rechazados, los medios fundamentales sobre la violación a los artículos 8
párrafo 1 y 2, letra j, 5 y artículo 9, letra f, de nuestra Carta Magna”
(sic);

Considerando, que los autores de la presente acción plantean, en síntesis,
a la Suprema Corte de Justicia, dada su competencia en el control de
constitucionalidad de la ley, la declaratoria de inconstitucionalidad de
los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley
General de Migración núm. 285-04, del 27 de agosto de 2004, que tratan
sobre la regulación de la entrada y permanencia de extranjeros al
territorio dominicano y que los impetrantes estiman vulneran los derechos
humanos de los haitianos y haitianas que residen en el país porque están
dirigidas sus disposiciones a restringir, limitar y excluir a esa minoría
de residentes;

Considerando, que ciertamente, el artículo 67, inciso 1 de la Constitución
de la República, dispone, entre otras cosas, que corresponde exclusivamente
a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que
le confiere esa Constitución y la ley, conocer en única instancia de la
constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno
de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte
interesada; que asimismo el artículo 13 de la Ley núm. 156-97, de 1997,
reafirma esa competencia al declarar que corresponde a la Suprema Corte de
Justicia en pleno, conocer el recurso de constitucionalidad de las leyes a
que se refiere la parte in fine del inciso 1 del artículo 67 de la
Constitución, así como de todo otro asunto que no esté atribuido,
exclusivamente, a una de sus Cámaras;

En lo que concierne a las disposiciones del artículo 28 de la Ley 285-04,
General de Migración, del 27 de agosto de 2004;

Considerando, que sometido al examen de la Suprema Corte de Justicia, en
funciones de Corte Constitucional, resulta necesario precisar, en primer
termino, que este artículo dispone que las extranjeras “No Residentes” que
durante su estancia en el país den a luz a un niño (a), deben conducirse al
consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo (a), y
en los casos en que el padre de la criatura sea dominicano, podrán
registrar la misma ante la correspondiente oficialía de estado civil
dominicano, conforme disponen las leyes de la materia; que dicho texto
legal, entre otras disposiciones, establece que todo centro de salud que
al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no
cuenta con la documentación que la acredite como residente legal, expedirá
una constancia de nacimiento de color rosado diferente a la constancia de
nacimiento oficial, con todas las referencias personales de la madre; que
de esa norma los impetrantes aducen que discrimina a un grupo determinado
de personas que son las extranjeras o madres no residentes, además de
violar el principio de igualdad jurídica cuando obliga a todo centro de
salud, cuando asista a una parturienta extranjera que no cuenta con la
documentación que la acredita como residente legal, a expedir respecto del
hijo (a) que nazca, una constancia de color rosado diferente a la
constancia de nacimiento oficial, con todas las referencias personales de
la madre;

Considerando, que es muy cierto, como aducen los impetrantes, que a los
términos de los artículos 8 numeral 5 y 100 de la Constitución, la igualdad
de todos ante la ley constituye un principio cardinal del ordenamiento
jurídico dominicano, recalcado en los artículos 2.1 y 7 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, a cuyo tenor,
respectivamente: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición (art. 2.1)”, así como que: “Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación (art. 7)”; y que
por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, del 16 de diciembre de 1966, en el numeral 3 de su artículo 10
prescribe que “Se deben adoptar medidas especiales de protección y
asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación
alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”;

   Considerando, que también es verdadero que las disposiciones del referido
artículo 28 de la Ley General de Migración núm. 285-04, de 2004, tienen por
objeto, como se ha dicho antes, imponer a las extranjeras “No Residentes”
que durante su estancia en el país den a luz a un niño (a), la obligación
de registrar en el consulado de su nacionalidad a su hijo (a), salvo cuando
el padre de la criatura sea dominicano, caso en el cual podrán hacerlo en
la oficialía del estado civil correspondiente, de lo que infieren los
impetrantes que la referida previsión legal crea una situación
discriminatoria en perjuicio de las madres extranjeras “No Residentes” que
durante su estancia en el país den a luz a un niño (a) al imponerles la
obligación señalada, por lo que entienden que el mismo es contrario a la
Constitución y convenios internacionales invocados;

Considerando, que, sin embargo, el hecho de que la parte capital y el
párrafo 1 del citado artículo 28 de la Ley núm. 285-04, haga la distinción
referida entre las mujeres extranjeras “No Residentes” y las Residentes,
como se dice antes, ello no implica en modo alguno que con tal disposición
se esté quebrantando la prohibición constitucional que condena todo
privilegio y situación que tienda a menoscabar la igualdad de todos los
dominicanos que son, en definitiva, quienes podrían invocar las diferencias
en caso de que alguna entidad de la República conceda títulos de nobleza o
distinciones hereditarias, al tenor de lo pautado por el artículo 100 de la
Constitución, cuya violación se alega; que como es atribución del Congreso,
como se verá más adelante, arreglar todo cuanto concierne a la migración,
es indudable que la regulación y control del movimiento de personas que
entran y salen del país, es un derecho y al mismo tiempo una obligación del
legislador dominicano que pone en obra cuando adopta medidas como las
concebidas en el examinado artículo 28 de la Ley General de Migración núm.
285-04, las que no tienden sino a establecer un mero control
administrativo de las extranjeras “No Residentes” que durante su estancia
en el país den a luz un niño (a), lo que de manera alguna tampoco
contraviene los instrumentos internacionales de que es parte la República,
cuya interpretación corresponde, en principio, a los tribunales
nacionales, siendo criterio de esta Corte que el indicado artículo 28 no
vulnera la Carta Fundamental del Estado Dominicano;

En lo que concierne a las disposiciones del artículo 36 de la misma Ley
General de Migración, núm. 285-04 de 2004;

Considerando, que las disposiciones del artículo 36 sometidas asimismo al
escrutinio de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de
Tribunal Constitucional, determinan, primero, cuáles extranjeros son
admitidos como No Residentes y, segundo, que estos, son considerados
personas en tránsito, para los fines de la aplicación del artículo 11 de la
Constitución de la República; que los impetrantes alegan, para fundamentar
su acción sobre este aspecto, que no obstante conceder el Estado “alta
prioridad a los problemas migratorios, en reconocimiento de la
Constitución, las leyes y acuerdos internacionales”, la Ley núm. 285-04
contradice la propia Constitución cuando, además de interpretarla, señala
que “los No Residentes son considerados personas en Tránsito, para los
efectos de aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la República
(art. 36 párrafo 10), ya que la Constitución en su artículo 3 establece que
el país “reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y
americano en la medida que sus poderes públicos las hayan adoptado”; que
con esas imputaciones los impetrantes reprochan a la legislación
cuestionada ser discriminatoria por estar dirigida a restringir, limitar y
excluir a la minoría de haitianos y haitianas residentes en territorio
dominicano; que sobre ese particular los impetrantes no señalan de manera
específica a cual norma del Derecho Internacional se vulnera por vía del
citado párrafo 10 del artículo 36, limitándose únicamente a expresar que el
artículo 8 de la Constitución no discrimina entre nacionales y extranjeros
al reconocer como finalidad principal del Estado la protección efectiva de
los derechos humanos, sin reparar en que la Constitución no otorga la
nacionalidad dominicana indiscriminadamente a todos los que hayan nacido en
el territorio nacional, sino que al consagrar el jus solis, como sistema
para ostentar la nacionalidad dominicana, además del jus sanguini, lo hace
con dos excepciones que excluyen a: los hijos legítimos de los extranjeros
residentes en el país en representación diplomática y a los hijos de los
que están de tránsito en él;

Considerando, que la Constitución de la República en su artículo 11
consagra el principio de que la nacionalidad dominicana originaria puede
resultar de dos causas: del hecho de haber nacido en el país (jus solis)
o por haber nacido de padre o madre dominicanos (jus sanguini), en ambos
casos con las excepciones indicadas; que respecto de la nacionalidad
derivada del jus solis, nuestra Ley Fundamental, en el numeral 1 del texto
señalado, expresa lo siguiente: “Son dominicanos: todas las personas que
nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos
legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación
diplomática o los que están de tránsito en él”;

Considerando, que la nacionalidad es un fenómeno que crea un lazo de
esencia marcadamente política en que cada Estado, en los límites de los
tratados internacionales y el derecho de gentes, determina soberanamente
quiénes son sus nacionales, por lo que puede, como corolario obligado de
ello imponerse al que nace en su territorio o en él se desenvuelve; que
dentro de los límites de compatibilidad antes indicados, la Convención de
La Haya del 12 de abril de 1930, en su artículo 1 consagra a este respecto
el principio de que pertenece a cada Estado determinar por su legislación
quiénes son sus nacionales, sin perjuicio de la libertad reconocida a los
individuos de elegir, dentro de los limites que fije la ley, su
nacionalidad o de cambiar de ella;

Considerando, que en ese orden el artículo 37 de la Constitución de la
República, que establece y enuncia cuáles atribuciones pertenecen al
Congreso en su función legislativa, precisa en el numeral 9 que una de esas
atribuciones es la de “Disponer todo lo relativo a la migración”, lo que
significa, sin equívocos, que ese canon constitucional ha reservado a la
ley la determinación y reglamentación de todo cuanto concierne a esta materia;

Considerando, que el hecho de ser la Constitución la norma suprema de un
Estado no la hace insusceptible de interpretación, como aducen los
impetrantes, admitiéndose modernamente, por el contrario, no sólo la
interpretación de la doctrina y la jurisprudencia sino la que se hace por
vía de la llamada interpretación legislativa, que es aquella en que el
Congreso sanciona una nueva ley para fijar el verdadero sentido y alcance
de otra, que es lo que en parte ha hecho la Ley General de Migración núm.
285-04;

Considerando, que, en efecto, cuando la Constitución en el párrafo 1 de su
artículo 11 excluye a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en
el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él
para adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que
estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo autorizadas a
entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que si en esta
circunstancia, evidentemente legitimada, una extranjera alumbra en el
territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la misma Constitución, no
nace dominicano; que, con mayor razón, no puede serlo el hijo (a) de la
madre extranjera que al momento de dar a luz se encuentra en una situación
irregular y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la
República Dominicana, de lo que resulta que la situación de los hijos (a)
de extranjeros nacidos en el país en las circunstancias apuntadas en la
primera parte del artículo 11 de la Constitución, no es producto de
consideraciones de raza, color, creencias u origen, sino del mandato
expreso contenido en el señalado texto fundamental que exceptúa, desde la
revisión constitucional de 1929, del beneficio de la nacionalidad
dominicana, como se ha visto, no sólo a los hijos (a) de los que estén de
tránsito en el país, sino también a los de extranjeros residentes en
representación diplomática, lo que descarta que a la presente
interpretación pueda atribuírsele sentido discriminatorio; que
consecuentemente, no tiene este carácter la ley cuestionada por los
impetrantes cuya acción, por tanto, carece de fundamento y debe ser
descartada;

Considerando, que al desentrañar el texto legal cuestionado la teleología
del numeral 1 del artículo 11 de la Constitución, esto es, el sentido
y alcance de este precepto, ello ha sido posible, en la especie, al
reservar la Constitución a la ley, como se ha visto, todo cuanto concierne
a la migración; que en ese orden y siendo la regulación y control del
movimiento de personas que entran y salen del país un derecho inalienable y
soberano del Estado Dominicano, la determinación por el legislador de los
extranjeros residentes permanentes y temporales; de los no residentes y las
personas consideraras en tránsito; del procedimiento para ser admitido como
persona no residente en la subcategoría de trabajadores temporeros; de los
cambios de categoría migratoria; del control de permanencia de extranjeros
y la cuestión de los recursos legales con que estos cuentan en caso de
expulsión o deportación, a todo lo cual se refieren las disposiciones
adjetivas arriba señaladas y sometidas al examen de la Suprema Corte de
Justicia, como Corte Constitucional, no puede en modo alguno contravenir
las disposiciones constitucionales e internacionales cuya violación se
denuncia en el acto introductivo de la presente acción;

Considerando, que por esas razones, las dichas disposiciones de la ley
atacada no podrían verse en sí mismas, en tanto fueron dictadas en armonía
con la regla del artículo 37 numeral 9 de la Constitución, como violatorias
de los principios fundamentales vinculados con la nacionalidad ni de ningún
otro principio fundamental o ninguna regla que sustituya la competencia del
legislador en virtud del antes citado artículo 37 numeral 9 de la
Constitución;

Considerando, que en el único caso en que la República Dominicana pudiera
verse constreñida a otorgar la nacionalidad dominicana a un extranjero que
se encuentre al margen de la ley con respecto a su estancia en el país o de
una persona que haya nacido en el territorio nacional, que de otro modo
resultarían apátridas, sería en aplicación, a la cual el interesado tendría
que dar estricto cumplimiento, de la Convención para Reducir los casos de
Apatridia, adoptada por las Naciones Unidas el 30 de agosto de 1961, lo que
no es dable en el caso a que se contrae la instancia de referencia en razón
de que las personas aludidas en la misma les corresponde por jus sanguini
la nacionalidad de su país, lo que descarta la posibilidad que para los
apátridas prevé justamente la Convención ya citada y, por tanto, la
obligación para el Estado Dominicano de conceder su nacionalidad a los
indicados ciudadanos en la hipótesis planteada en esa Convención; que a ese
respecto, lo que da sustento a lo antes afirmado, el artículo 11 de la
Constitución de la República de Haití, expresa, de forma categórica lo
siguiente: “Todo individuo nacido, en Haití o en país extranjero, de un
haitiano o de una haitiana, es haitiano”;

Considerando, que la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo
y Contencioso-Tributario de esta Suprema Corte de Justicia, ha juzgado de
manera incidental que no es extranjero transeúnte aquel que ha sido
provisto de un permiso de residencia expedido por la Dirección General de
Migración, lo que ha sido decidido en ocasión de desestimarse una solicitud
de la parte contraria al extranjero a quién se le exigía prestar la fianza
judicatum solvi, prevista en el artículo 16 del Código Civil para el
extranjero transeúnte demandante, de lo que resulta, como lógica
consecuencia, que para no ser transeúnte en el país, es preciso estar
amparado del permiso de residencia correspondiente, antes aludido, caso
contrario se reputaría No Residente, conforme a la ley y, por tanto, en
tránsito, criterio que hace suyo este Pleno;

En lo que concierne a las disposiciones de los artículos 49, 56, 58, 62,
100, 101, 103, 138 y 139 de la misma Ley General de Migración núm. 285-04
de 2004;

Considerando, que los artículos 49, 56, 58, 62, 100, 101 y 103 de la Ley
núm. 285-04, argüidos igualmente de inconstitucionalidad, y que tienen por
objeto el modus operandi o trazado del procedimiento a seguir para ser
admitido en el país como persona no residente en la sub-categoría de
trabajadores temporeros, conforme al sistema de cuota anual, que
establecerá el Consejo Nacional de Migración, creado por la misma ley, para
la aplicación de la política nacional de migración, no son contrarios a la
Constitución por las mismas razones sustentadas en el precedente examen de
los artículo 28 y 36 de la ley cuestionada; que en lo que toca a los
artículos 138 y 139 cuya no conformidad con la Constitución también se
aduce, basta observar para convenir que la previsión contenida en el
primero, al establecer que el extranjero en condición legal en el país que
reciba una orden de deportación o expulsión podrá recurrir a los
procedimientos legales que disponen las leyes del país, no puede infringir
nuestra Ley Fundamental por reconocerle a ese extranjero el derecho de
acceso a la justicia que la propia Constitución y el Bloque de
Constitucionalidad consagran en su beneficio; que por su parte, no puede
tampoco vulnerar la Constitución el artículo 139 de la Ley General de
Migración al permitir la expulsión., al margen de todo recurso, en caso de
urgencia absoluta cuando esté en juego la seguridad de Estado o la
seguridad pública, ya que tal disposición deriva de la facultad que el
artículo 55, numeral 16 de la Constitución, atribuye al Presidente de la
República para hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas
actividades, a su juicio, fueren o pudieren ser perjudiciales al orden
público o a las buenas costumbres, lo que constituye, sin duda, un acto de
soberanía e inalienable de un órgano supremo del Estado;

Considerando, que, por otra parte, los impetrantes en apoyo de su acción
invocan la violación de las Leyes 136-03, de 2003, que crea el Código para
el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y
Adolescentes y la 16-92, de 1992, que instituye el Nuevo Código de Trabajo,
así como otras disposiciones adjetivas, como las que reglamentan la
libertad de tránsito, por ejemplo, que han venido aplicándose en el
territorio nacional; que las citadas leyes, por su jerarquía, no pueden
justificar una acción directa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte
de Justicia bajo el fundamento de que han sido vulneradas; que el control
de la legalidad de una norma se ejerce, por el contrario, por vía de la
excepción de ilegalidad promovida en ocasión de un proceso ante los
tribunales inferiores del orden judicial o administrativo, la cual podría,
eventualmente, ser conocida por la Suprema Corte de Justicia si ante ella
se recurre como Corte de Casación, y no como Corte Constitucional;

Considerando, que las disposiciones de la ley sometidas al examen de la
Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte Constitucional, no son
contrarias a la Constitución ni a las convenciones y tratados invocados
por los impetrantes;

Considerando, que en la especie, no ha lugar para que la Suprema Corte de
Justicia, actuando en sus funciones constitucionales, promueva de oficio
ninguna cuestión que de conformidad con la Constitución concierna a las
otras disposiciones de la ley sometida a su examen;

Por tales motivos: Primero: Declara que lo artículos 28, 36, 49, 56, 58,
62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración núm. 285-04,
del 15 de agosto de 2004, sometidos a la Suprema Corte de Justicia, como
Corte Constitucional, para su examen, son conformes a la Constitución de
la República; Segundo: Ordena que esta sentencia sea comunicada al
Magistrado Procurador General de la República, para los fines de lugar, a
los impetrantes y publicada en el Boletín Judicial, para su general
conocimiento;

Jorge A. Subero Issa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc,
Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio
Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez Dulce
Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos E., Ana
Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío Fernández Espinal, Pedro
Romero Confesor y José E. Hernández Machado, Grimalda Acosta, Secretaria
General

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que
figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en
él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General,
que certifico.

-------> FRANCAIS (ATTENTION: CECI EST UNE TRADUCTION AUTOMATIQUE NON REVISEE

Yacine :

A circulé ceci en Bohio ?

M

Datez : Fri, 16 Dec 2005 22:49:57 + 0100 (CET) From : Desiree du
Rosaire Subject : DHMH : la sentence de du suprême coupe sur
l'aparthei attrayant... To : groupe

Appréciées et appréciés amis :

Je leur partage le texte de la sentence sur la ressource
d'inconstitutionnalité soumise par un ensemble d'organisations
lesquelles ont considéré une violation grave le fait que on
personnes livre des qui naissent dans le territoire de la République
dominicaine leur un acte de naissance de couleur attrayante
différente à celui qui est accordé à des personnes dont les mères
ont des documents d'identité, et autres articles qui sont constitués
dans de véritables mécanismes de discrimination au désavantage d'un
groupe de personnes pauvres le pays et les immigrants.

Cette sentence superficielle en analysant les implicaicones dont une
loi peut suggérer un changement constitutionnel dans la définition
dont définie sont les ressortissants établis par l'art 11 de la
constitution, mais une fois ne peut pas être protégée dans
l'indocumentacion est héritée, et la négation de droits des enfants
et des enfants pourrait être priorité absolue intérêt supérieur
pourvu que ses mères ne soient pas haitianas. Que barbarie.

Les critères de justice et de Droits Humains considérés là comme
il dit la sentence paraît que tous ont été reçus pour paraître
que la nationalité qui apparaît dans la constitution est seulement
une vision optique

Mes salutations Desiree

Non tout il est propos parce qu'il y a encore beaucoup gémis,
beaucoup de voix et beaucoup de chansons qui ne sont pas écoutées.

Luis Pérez Aguirre.S.J

Dios, Originaire y Libertad

République dominicaine

Au nom de la République, la Séance plénière de la Cour de Justice
Suprême, régulièrement constituée par les Juges Jorge A Subero
Issa, Président ; Rafaël Luciano Pichardo, Premier Substitut de
Président ; Eglys Marguerite Esmurdoc, Deuxièmement Substitut de
Président ; Hugo Álvarez Valence, Juan Luperón Vásquez, Marguerite
à Tavares, juillet Ibarra Rivières, Enilda Rois Pérez, Doux María
Rodriguez de Goris, juillet Aníbal Suárez, Víctor José Castillans
Brise, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío Ou
Fernández Spinal, Pedro Romero Confesor et José Et Hernández
Machado, assistés de la Secrétaire Générale, dans la Salle où
tient ses auditions, dans la ville de Saint-Domingue de Guzmán,
Secteur National, aujourd'hui 14 décembre le 2005, d'années 162° de
l'Indépendance et 142° de la Restauration, dans des fonctions de
Tribunal Constitutionnel, dicte en audition publique, la sentence
suivante :

Sur l'action en inconstitutionnalité essayée par le Service Jésuite
à des Réfugiés et Migrants (SJRM), représenté par son Directeur,
José Núñez SJ (ced. 001-0332144-4), le Centre Culturel
Domínico-Haitiano, Inc. (CCDH), représenté par son Directeur, Dr.
Antonio Pol Emil (céd. 023-0007287-9), le Mouvement Partenaire
Culturel de Travailleurs Haitianos, Inc. (MOSCTHA), représenté par
son Directeur, Dr. Joseph Cherubin (ced. de résident 001-126695-4),
l'Association Avantage Développement de la Femme et l'Environnement,
Inc. (APRODEMA), représentée par son Directeur, Inoelia Remy (ced.
001-0363517-3), le Mouvement de Femmes Dominico-Haitianas, Inc.
(MUDHA) Directeur, Dr. Pedro Ubiera (ced. 001-0134709-4), la
Commission Nationale de Droits Humains (CNDH), représentée par son
Président, Dr. Manuel María Mercedes Medina (ced. 001-0234211-0),
Amnistie Internationale Groupe Saint-Domingue, représentée par son
Coordinateur, Dr. Saints Beau Benítez (ced. 001-0050170-9), le
Comité dominicain de Droits Humains (CDDH), représenté par son
Directeur, Virgilio Almánzar (ced. 001-0522659-1), le Chrétien
Pastoral des Droits Humains représenté par le Rvdo. Angel Salvador
Sánchez (ced. 001-0240090-0), le Centre d'Études Sociales Père Juan
Montalvo SJ (CES Montalvo), représenté par son Directeur, Mario De
montagne SJ (ced.001-032983-9), la Femme Collective et la Santé,
représentée par son Directeur Sergia Galván (ced. 001-013721-5),
l'Institut de Droits Humains Saint-Domingue (IDHSD), représenté par
son Directeur Vielka Polanco (ced. 001-0101093-2) le Comité de Suivi
du Forum Des citoyens représenté par sa Secrétaire générale Mme
Sergia Galván (ced. 001-013721-5), et la Caribbean Association for
Feminist Research and Action (CAFRA) représentée en République
dominicaine par Mme Sergia Galván(ced. 001-013721-5), toutes institutions
intégrées selon la Loi
núm. 520 d'Associations sans but lucratif de la République
dominicaine ;

Vu, l'instance déposée dans cette Cour de Justice Suprême, le 27
juin 2005, souscrite par les Dres. Antonio Pol Emil, Eddy Tejeda
Croix, Robert Antúan José, Humberto Michel Severino, Ancienne
Marisol, Saints Beau Benítez, Benito Croix Galet, María Victoire
Méndez et Moisés Medina Moreta, plaidés de de ce qui est
impetrantes, laquelle conclut ainsi : "Unique : Que vous déclarez
l'inconstitutionnalité et la nullité des articles 28,.36,.49,
56,.58,.62,.100,.101,.103,.138 et 139 de la Loi Générale de
Migration núm. 285-04, de du 27 août 2004, avec toutes les
conséquences de droit ";

Vu le document d'Intervention de Réfutation de la demande dans
Déclaratoire d'Inconstitutionnalité de la Loi sur la Migration núm.
285-04, de du 27 août 2004, déposé dans le Secrétariat Général
de la Cour de Justice Suprême en date 30 septembre 2005 et souscrite
par : Lic. Juan Miguel Castillo Pantaleón, Licda. Leila Roldán, Dr.
Lupo Hernández Rode, des Dr. Jottin Cury, Dr. Jottin Cury (fils) ;
Dr. Manuel Bergés Chupani, Dr. Manuel Bergés (fils), Dr. Mario Read
Vittini, Dr. Víctor Gómez Bergés, Dr. juillet César Marronniers
Guzmán, Lic. Juan Manuel Rosario, DR. Mariano Rodriguez, Dr. Fernando
Hernández Díaz, Lic. Vinicio Château Selmán, Lic. Manuel Ramón
Tapia López, Lic. Luis Rafael Vílchez Marranzini, Dr. Teófilo
Lappot Chênes, Dr. Jacobo Simón Rodriguez, Lic. Luis Alfonso Mercado
Alvarado, Lic. Manuel Aybar Ferrando, Dr. Ramón Andres Díaz ; Lic.
María Heureux doux Maríñez, Lic. Ana María Rodriguez je Châtre et
Dr. Deomedes Et Oliveraies, ceux qui agissent en représentation du
Dr. Armando Armenteros Estrems, Président du Comité dominicain par
la Solidarité Internationale avec Haïti, Inc., Dr. Joaquin Ricardo,
Ing Johnny Jones, Délégué César Santiago Rutinel Domínguez
(Tonty), Député José Ricardo Taveras, DR. William Jana T, Dr.
Manuel Núñez, Dr. Juan Tomas Mejía Feliú, Federico Henríquez
Gratereaux, Dr. Mariano Lebrón Saviñón, Ing José Ramón Martínez
Burgos, Dr. Guiseppe Rímoli Martínez, Dr. Abelardo Piñeyro,
Altagracia R. Coiscou, Humberto Rímoli, Dr. juillet Hazim Risk,
Réconfort Despradel, Héctor Tinero, Darío Cuba Abri, Persio
Maldonado, Cristino du Château, Machi Constant, Rafaël Ortiz,
Fernando Marié, Dr. Franklin Guerrier, Dense Rois Brise, Carmen S
d'Armenteros, Deidamia Pichardo Grullón, Guillermo Hernández, Dr.
Maurice Épineuse, Alvaro Logroño Fiallo, Dr. Abraham Medina, Dr.
Pablo Nadal Salas, Licda. Raisa Marion-Landais Galet, William Ramón
Muret Marion-Landais, Licda. María Solitude Benoit Brugal, Ramón
Oscar Muret Marion-Landais, Raisa Grâces Muret Marion-Landais, Lic.
Saint Miguel Román, Dr. Luis Ventura, Fabio Qui appartient au chemin
Gil, Angel Acosta Abad, Vidalito Saints, Francisco Núñez, Antonio
Santos Amparo, Ricardo López,Lic. Eugenio Díaz Pérez, Lic. Luisa Reyes,
Général José Miguel
Bosquet Jiménez, Général Oscar Padilla Medrano, Général Manuel
Cruz Méndez, Vice-amiral Manuel Montes Arache, Vice-amiral Rubén
Paulino Álvarez, Vice-amiral Rolando Polanco, Général Virgilio
Matos Mieses, Commandant Evelio Hernández, Général Román Ramiro
Caamaño Sánchez, Contralmirante Luis Feliz Roa, Contralmirante
Dimanche Gómez, Général Manuel Hernández, Plus grande Général
Juan Nolasco Rodriguez, Général Héctor Valenzuela, Contralmirante
Ramón N Hernández, Contralmirante Narcisse Cassó Coin,
Contralmirante Héctor T Ramirez Croix, Rafaël à Abreu Martínez,
Contralmirante Danilo Fortunato Croix, une Plus grande Générale
Octavio de Js. Jorge P, la Jeunesse Nationale Compromise, Inc.
(Ruée), Víctor Caamaño et par ce qui est membres suivants
directeurs : Lic. Leila Mejía, Car lui Saints, Carolina Priscilla
Velásquez Château et Manuel Rodriguez ;

Vu la Déclaration Universelle de Droits Humains, de du 10 décembre
1948 ;

Vu la Convention Sur l'Élimination de Toutes les formes de
Discrimination Contre la Femme, de du 18 décembre 1979 ;

Vu la Convention Internationale sur l'Élimination de Toutes les
formes de Discrimination Ethnique, de du 21 décembre 1965 ;

Vu l'Accord International de Droits Économiques, Sociaux et
Culturels, de du 16 décembre 1966 ;

Vu la Convention Interaméricaine sur les Droits Humains, de du 22
novembre 1969 ;

Vu la Convention sur la Condition d'Étrangers souscrite dans la VI
Conférence l'InterAmérique de La Havane, le Cuba, de de 1928 ;

Vu l'Accord International de Droit Civils et Politiques, de de 1966 ;

Vu la Convention de Haye, sur la nationalité, de la Ligue des
nations, de de 1930 ;

Vu la Convention sur l'État des Apatrides, des Nations Unies, de de
1954 ;

Vu la Convention pour Réduire les cas d'Apatridia, des Nations Unies,
de de 1961 ;

Vu le Protocole d'Entendement sur les Mécanismes de Rapatriement
entre les Gouvernements de la République dominicaine et de la
République de Haïti, de de 1999 ;

Vu la Déclaration sur les Conditions de l'Embauche de ses
Ressortissants entre les Gouvernements de la République dominicaine
et la République de Haïti, de de 2000 ;

Vu la Loi núm. 659, sur les Actes de l'État Civil, de de 1944 ;

Vu le Préambule de la Loi Générale de Migration núm. 285-04, de de
2004 ;

Vu la Constitution de la République de Haïti, dans son article 11 ;

Vu les articles 3 paragraphe ; 8 paragraphe 1, numéral 2 lettre j), 5
et 9 lettre f) ; 11 1 numérales ; 37 numéral 9 ; 67 1 numérales et
100 de de la Constitution et de 13 de la Loi núm. 156-97, de de 1997,
qui modifie la Loi núm. 25-91, Organique de la Cour de Justice
Suprême ;

Vu l'avis du Magistrat Avocat Général de la République, de du 25
août 2005, qui termine ainsi : "D'abord : Qui déclare régler dans
la manière l'instance en demande de de déclaratoire deinconstitutionnalité
contre la Loi 285-04 de du 27 août 2004,
représentée par les Dres. Antonio Pol Emil, Eddy Carrelée Croix,
Robert Antúan José et d'autres (023-0007287-9, 001-0086143-4,
001-0402365-0, 068-0006215-1 et 018-0033951-5), respectivement.
Deuxièmement : Qui sont rejeté, les moyens fondamentaux sur la
violation aux articles 8 paragraphe 1 et 2, lettre j, 5 et article 9,
lettre f, de notre Grande charte "(sic) ;

Considérant, que les auteurs de la présente action posent, en
synthèse, à la Cour de Justice Suprême, vu leur concurrence dans le
contrôle de constitutionnalité de la loi, par ce qui est
déclaratoire d'inconstitutionnalité des articles
28,.36,.49,.56,.58,.62,.100,.101,.103,.138 et 139 de la Loi Générale
de Migration núm. 285-04, de du 27 août 2004, qu'ils traitent sur le
règlement l'entrée et la permanence d'étrangers au territoire
dominicain et que ce qui est impetrantes estiment ils nuisent aux
droits humains de de ce qui est haitianos et haitianas qui résident
dans le pays parce que sont dirigées ses dispositions à restreindre,
limiter et exclure à cette minorité de résidents ;

Considérant, qui certainement, l'article 67, incise 1 de la
Constitution de la République, dispose, entre autres, qu'il
correspond exclusivement à la Cour de Justice Suprême, sans
préjudice de les autres attributions que lui confère cette
Constitution et la loi, connaître dans seule instance de la
constitutionnalité des lois, à la demande du Pouvoir Exécutif, de
d'un des Présidents des Chambres du Congrès National ou de la
partie intéressée ; que de même l'article 13 de la Loi núm.
156-97, de de 1997, il réaffirme cette concurrence en déclarant
qu'il revient à la Cour de Justice Suprême en séance plénière, de
connaître la ressource de constitutionnalité des lois à auxquelles
se réfère la partie in fine de l'incise 1 de l'article 67 de la
Constitution, ainsi que tout d'une autre affaire qui n'est pas
attribuée, exclusivement, à une de ses Chambres ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 28 de la Loi 285-04,
Général de Migration, de du 27 août 2004 ;

Considérant, qui soumis à l'examen de la Cour de Justice Suprême,
dans des fonctions de Coupe Constitutionnelle, il s'avère nécessaire
de spécifier, en premier lieu, que cet article dispose que les
étrangers "Non Résidants" qui pendant leur séjour dans le pays
donnent à lumière à un enfant (a), doivent être conduit au
consulat de sa nationalité aux fins à enregistrer là à son fils
(a), et dans les cas où le père de la créature est dominicain, ils
pourront enregistrer cette dernière devant la correspondante
oficialía d'état civil dominicain, conforme ils disposent les lois
de la matière ; que ce texte légal, entre d'autres dispositions,
établit que tout centre de santé qui au moment d'offrir son
assistance d'accouchement à une femme étrangère que non compte avec
la documentation qui la crédite comme résident légal, il enverra
une certitude de naissance de couleur attrayante différente à la
certitude denaissance officielle, avec toutes les références personnelles de la
mère ; qui de cette norme ce qui est impetrantes allèguent qu'il
discrimine à un groupe déterminé de personnes qui sont les
étrangers ou les mères non résidantes, en plus de violer le
principe d'égalité juridique quand il obligera à tout centre de
santé, quand il assistera à une accouchée étrangère que non
compte avec la documentation qui la crédite comme résident légal,
à envoyer en ce qui concerne le fils (a) qui naît, une certitude de
couleur attrayante différente à la certitude de naissance
officielle, avec toutes les références personnelles de la mère ;

Considérant, qui il est très certain, comme elles citent ce qui est
impetrantes, qu'aux termes de des articles 8 numéral de 5 et 100 de
la Constitution, l'égalité de de tous devant la loi constitue un
principe cardinal de l'ordre juridique dominicain, souligné dans les
articles 2.1 et 7 de la Déclaration Universelle de Droits Humains, de
du 10 décembre 1948, dont la teneur, respectivement : "Toute personne
a tous les droits et libertés proclamés dans cette Déclaration,
sans aucune distinction de race, couleur, sexe, langue, religion, avis
politique ou de de toute autre indo lui, origine nationale ou sociale,
position économique, naissance ou tout autre condition (art. 2.1)",
ainsi que qui : "tous sont égaux devant la loi et ont, sans
distinction, droit à protection égale de la loi. Tous ont droit à
protection égale contre toute discrimination qui viole cette
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination
(art. 7) "; et qui pour sa part, l'Accord International de Droits
Économiques, Sociaux et Culturels, de du 16 décembre 1966, dans ce
qui est numéral 3 de son article 10 prescrit que "on doit adopter des
mesures spéciales protection et assistance pour tous les enfants et
adolescents, sans aucune discrimination pour raison de filiation ou
tout autre condition" ;

   Considérant, qui est aussi vrai que les dispositions de l'article 28
mentionné de la Loi Générale de Migration núm. 285-04, de de 2004,
ils ont pour but, comme il a été dit avant, imposer aux étrangers
"Non Résidants" qui pendant leur séjour dans le pays donnent à
lumière à un enfant (a), l'obligation d'enregistrer dans le consulat
de leur nationalité à son fils (a), sauf quand le père de la
créature sera dominicain, cas où ils pourront le faire dans
l'oficialía de l'état civil correspondant, de de ce qu'impliquent ce
qui est impetrantes que la prévision légale mentionnée crée une
situation discriminatoire au désavantage des mères étrangères "Non
Résidantes" qui pendant leur séjour dans le pays donnent à lumière
à un enfant (a) en leur imposant l'obligation indiquée la
Constitution et les conventions internationales invoquées ;

Considérant, qui, toutefois, le fait que la partie importante et le
paragraphe 1 du dit article 28 de la Loi núm. 285-04, faites la
distinction mentionnée entre les femmes étrangères "Non
Résidantes" et les Résidents,comme il est dit avant, cela n'implique pas en
aucune façon qu'avec
une telle disposition on casse l'interdiction constitutionnelle qui
condamne tout privilège et situation que magasin à amoindrir
l'égalité de de toute la dominicains qui sont, en définitive, ceux
qui pourraient invoquer les différences au cas 0ù un certain
organisme de la République accorde des titres nobleza ou distinctions
héréditaires, à la teneur de de ce qui est réglé par l'article
100 de la Constitution, dont la violation est alléguée ; que comme
il est attribution du Congrès, comme sera vu plus loin, fixer tout
tout ce qui concerne à la migration, est indubitable que le
règlement et le contrôle du mouvement de personnes qu'ils entrent et
salent du pays, une obligation du législateur dominicain est un droit
et en même temps qui met en oeuvre quand il adoptera des mesures
comme celles conçues dans l'article 28 examiné de la Loi Générale
de Migration núm. 285-04, celles que ne tendent qu'à établir un
simple contrôle administratif des étrangers "Non Résidants" que
pendant leur séjour dans le pays elles donnent à lumière un enfant
(a), ce qui de l'aucune manière ne contrevient non plus les
instruments internationaux dont la République est partie, dont
l'interprétation il correspond, en principe, aux tribunaux nationaux,
étant critère de de celle-ci il Coupe que l'article 28 indiqué ne
nuit pas à la charte Fondamentale de l'État dominicain ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 36 la même Loi
Générale de Migration, núm. 285-04 de de 2004 ;

Considérant, que les dispositions de l'article 36 soumises de même
à l'examen minutieux de la Cour de Justice Suprême, dans des
fonctions de Tribunal Constitutionnel, déterminent, d'abord, quels
étrangers sont admis comme Non Résidants et, deuxièmement, que
ceux-ci, sont considéré personnes en transit, pour les fins de
l'application de l'article 11 de la Constitution de la République ;
que ce qui est impetrantes allèguent, pour fonder son action sur cet
aspect, qui accorder cependant l'État "incorporation priorité aux
problèmes migrateurs, en reconnaissance de la Constitution, les lois
et les accords internationaux", la Loi núm. 285-04 il contredit la
Constitution elle-même quand, en plus de l'interpréter, il indiquera
que "eux Non Résidants sont considérées des personnes en Transit,
pour les effets d'application de l'Article 11 de la Constitution de la
République (art. 36 paragraphe 10), puisque la Constitution dans son
article 3 établit que le pays" reconnaît et applique les normes du
Droit International général et américain dans la mesure qui ses
pouvoirs publics les ont adoptées "; qu'avec ces imputations ce qui
est impetrantes reprochent à la législation interrogée être
discriminatoire étant visant à restreindre, limiter et exclure à la
minorité haitianos et aux résidents haitianas en territoire
dominicain ; que sur ce particulier ce qui est impetrantes n'indiquent
pas de manière spécifique quel norme du Droit International est nui
par le biais lecité paragraphe 10 de l'article 36, limitant uniquement à
exprimer
que l'article 8 de la Constitution ne discrimine pas entre nationaux
et étrangers en reconnaissant comme but principal de l'État la
protection effective des droits humains, sans réparer dans lesquel la
Constitution n'accorde pas la nationalité dominicaine
non-discriminément à à tous ceux qui sont nés dans le territoire
national, mais en consacrant le jus solis, comme système pour montrer
la nationalité dominicaine, outre le jus sanguini, le fait avec deux
exceptions qui excluent à à : les fils légitimes des étrangers
résidants dans le pays en représentation diplomatique et aux fils
dont ils sont de transit en lui ;

Considérant, que la Constitution de la République dans son article
11 consacre le principe que la nationalité dominicaine originaire
peut résulter de deux causes : du fait d'avoir né dans le pays (jus
solis) ou pour avoir né père ou mère de dominicains (jus sanguini),
dans les deux cas avec les exceptions indiquées ; qui en ce qui
concerne la nationalité dérivée du jus solis, notre Loi
Fondamentale, dans celui 1 numérale du texte indiqué, exprime ce qui
suit : "Ils sont dominicains : toutes les personnes qui naissent dans
le territoire de la République, à l'exception des fils légitimes
des étrangers résidants dans le pays en représentation diplomatique
ou ceux qui sont de transit en lui ";

Considérant, que la nationalité est un phénomène qui crée un lien
d'essence nettement politique dans lequel chaque État, dans les
limites des traités internationaux et le droit de gens, détermine
souverainement qui sont ses ressortissants, ce pourquoi il peut, comme
corollaire obligé de de cela être imposé à auquel il naît dans
son territoire ou en lui il se développe ; qui dans les limites de
compatibilité précédemment indiquées, la Convention de Haye de du
12 avril 1930, dans son article 1 consacre à ce sujet le principe
qu'elle appartient à chaque État déterminer par sa législation qui
sont ses ressortissants, sans préjudice de la liberté reconnue aux
individus de choisir, dans les limites que fixe la loi, sa
nationalité ou de changer de d'elle ;

Considérant, qui dans cet ordre l'article 37 de la Constitution de la
République, qui établit et énonce quels attributions appartiennent
au Congrès dans sa fonction législative, spécifie dans ce qui est
numéral 9 qu'une de ces attributions est celle de "Disposer tout ce
qui est relatif à la migration", ce qui signifie, sans équivoques,
qui cette redevance constitutionnelle a réservé à la loi la
détermination et la réglementation de de tout autant que concerne à
cette matière ;

Considérant, que le fait de de être la Constitution la norme
suprême d'un État non le rend insusceptible d'interprétation, comme
citent ce qui est impetrantes, en admettant modernement, au contraire,
non seulement l'interprétation de la doctrine et la jurisprudence
mais celle qui est fait par le biais de l'interprétation législative
appelée, qui est celle dans laquelle leCongrès sanctionne une nouvelle loi
pour fixer le véritable sens et
la portée de d'une autre, ce que en partie a fait la Loi Générale
de Migration núm. 285-04 ;

Considérant, qui, en effet, quand la Constitution dans le paragraphe
1 de son article 11 exclura aux fils légitimes des étrangers
résidants dans le pays en représentation diplomatique ou ceux qui
sont de transit en lui pour acquérir la nationalité dominicaine par
jus soli, ceci suppose que ces personnes, celles de transit, d'une
certaine manière ont été autorisées à entrer et à rester pour un
certain temps dans le pays ; si dans cette circonstance que,
évidemment légitimée, un étranger il illumine dans le territoire
national, son fils (a), par mandat la même Constitution, ne naît pas
dominicain ; que, avec une plus grande raison, ne peut pas l'être le
fils (a) de la mère étrangère qui au moment de donner à lumière
se trouve dans une situation irrégulière et, par conséquent, il ne
peut pas justifier son entrée et permanence dans la République
dominicaine, de de ce que résulte que la situation des fils (a)
d'étrangers nés dans le pays dans les circonstances signalées dans
la première partie de l'article 11 de la Constitution, elle n'est pas
produit de considérations race, couleur, croyances ou origine, mais
du mandat express contenu dans le texte fondamental indiqué qui
exceptúa, depuis la révision constitutionnelle de de 1929, du
bénéfice de la nationalité dominicaine, comme se ils soient de
transit dans le pays, mais aussi à ceux d'étrangers résidants en
représentation diplomatique, ce qui écarte qu'à la présente
interprétation puisse être attribué le sens discriminatoire ; qui
conséquemment, n'a pas ce caractère la loi interrogée par ce qui
est impetrantes dont l'action, par conséquent, manque de fondement et
doit être écartée ;

Considérant, qui en pénétrant le texte légal interrogé la
teleología de de celui 1 numérale de l'article 11 de la
Constitution, c'est-à-dire, le sens et la portée de ce précepte,
cela a été possible, dans l'espèce, en réservant la Constitution
à la loi, comme il a été, tout autant que concerne à la migration
; que dans cet ordre et en étant le règlement et le contrôle du
mouvement de personnes qui entrent et salent du pays un droit
inaliénable et souverain de l'État dominicain, la détermination par
le législateur des étrangers résidants permanents et temporaires ;
de de eux non résidants et les personnes tu considérerais en transit
; de la procédure pour être admis comme personne non-résident dans
la sous-catégorie de travailleurs saisonniers ; des changements de
catégorie migratrice ; du contrôle de permanence d'étrangers et la
question des ressources légales lesquelles ceux-ci disposent en cas
d'expulsion ou de déportation, à tout ce qui se réfèrent les
dispositions adjetivas en haut indiquées et soumises à l'examen de
la Cour de Justice Suprême, comme Coupe Constitutionnelle, il ne peut
pas en aucune façon contrevenirles dispositions constitutionnelles et
internationales dont la
violation est dénoncée dans l'acte introductivo de la présente
action ;

Considérant, que pour ces raisons, le ces dispositions de la loi
attaquée ne pourraient pas être vu en lui-même, dans tant ont été
dicté en harmonie avec la règle de l'article 37 numéral 9 de la
Constitution, comme violatoires des principes fondamentaux liés avec
la nationalité ni d'aucuns autre principe fondamental ou d'aucune
règle qui remplace la compétence du législateur en vertu le d'avant
cité article 37 numéral 9 de la Constitution ;

Considérant, qui dans le seul cas où la République dominicaine
pourrait être vue contrainte à accorder la nationalité dominicaine
à un étranger qu'on trouve en marge de la loi en ce qui concerne son
séjour dans le pays ou d'une personne qu'il soit né dans le
territoire national, que d'une autre manière résulteraient
apatrides, serait en application, à à laquelle celui intéressé
devrait donner accomplissement strict, de la Convention pour Réduire
les cas d'Apatridia, adoptée par les Nations Unies le 30 août 1961,
ce qui n'est pas possible dans le cas qu'on contracter l'instance de
référence en raison de laquelle les personnes faites allusion dans
cette dernière nationalité de son pays, ce qui écarte la
possibilité qui arrête les apatrides prévoit justement la
Convention déjà citée et, par conséquent, l'obligation pour
l'État dominicain d'accorder leur nationalité aux citoyens indiqués
dans l'hypothèse posée dans cette Convention ; qui à ce respect, ce
qui donne soutien à ce qui est avant affirmé, l'article 11 de la
Constitution de la République de Haïti, exprime, de manière
catégorique ce qui suit : "Tout individu né, à Haïti ou en pays
étranger, d'un haitiano ou un haitiana, est haitiano" ;

Considérant, que la Chambre de Terres, De travail, De contentieux
administratif et litigieux- Fiscal de cette Cour de Justice Suprême,
a jugé de manière incidente qui n'est pas celui transeúnte
étranger qui a été pourvu d'une autorisation de résidence envoyée
par la Direction Générale de Migration, ce qui a été décidé en
occasion d'être rejetée une demande de la partie contraire à
l'étranger à qui on lui imposait de prêter la garantie judicatum
solvi, prévue dans l'article 16 du Code Civil pour l'étranger
transeúnte demandeur, de de ce qui résulte, comme conséquence
logique, que pour ne pas être transeúnte dans le pays, il est
nécessaire d'être protégé de l'autorisation de résidence
correspondante, avant faite allusion, par conséquent, en transit,
critère qui fait le sien cette Séance plénière ;

En ce qui concerne les dispositions des articles 49,.56,.58,.62,
100,.101,.103,.138 et 139 la même Loi Générale de Migration núm.
285-04 de de 2004 ;

Considérant, qui les articles 49,.56,.58,.62,.100,.101 et 103 de la
Loi núm. 285-04, faits valoir également d'inconstitutionnalité, et
qu'ils ont pourobjet le modus operandi ou le croquis de la procédure à
suivre pour
être admis dans le pays comme personne non-résident dans la
sous-catégorie de travailleurs saisonniers, conformément au système
de quote-part annuelle, qu'établira le Conseil National de la
Migration, créé par la même loi, pour l'application de la politique
nationale de migration, ne sont pas contraires à la Constitution pour
les mêmes raisons soutenues dans l'examen précédent de l'article 28
et 36 de la loi interrogée ; que dans ce qui touche aux articles 138
et 139 dont non la conformité avec la Constitution est aussi citée,
suffit d'observer pour convenir que la prévision contenue dans le
d'abord, en établissant que l'étranger en condition légale dans le
pays qui reçoit un ordre de déportation ou expulsion pourra recourir
aux procédures légales qui disposent les lois du pays, ne peut pas
violer notre Loi Fondamentale pour lui reconnaître à cet étranger
le droit d'accès à la justice que la Constitution et le Bloc de
Constitutionnalité elle-même consacrent dans son bénéfice ; qui
pour sa part, ne peut pas non plus ne pas nuire à la Constitution
l'article 139 de la Loi Générale de Migration en permettant
l'expulsion, en marge de toute ressource, en cas d'urgence absolue
quand elle sera en jeu la sécurité d'État ou la sécurité
publique, puisqu'une telle disposition dérive de la faculté qui
l'article 55, numéral 16 de la Constitution, attribue au Président
de la République pour faire arrêter ou expulser aux étrangers dont
les activités, à son avis, vont ou peuvent être nuisibles à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ce qui constitue, sans doute, un
acte de souveraineté et inaliénable d'un organe suprême de le

Considérant, qui, d'autre part, ce qui est impetrantes à l'appui de
son action invoquent la violation des Lois 136-03, de de 2003, que
crée le Code pour le Système de Protection et les Droits
Fondamentaux Enfants, Enfants et Adolescents et la 16-92, de de 1992,
qui institue le Nouveau Code de Travail, ainsi que d'autres
dispositions adjetivas, comme celles qui réglementent la liberté de
transit, par exemple, qui ont été appliqué dans le territoire
national ; que les dites lois, par leur hiérarchie, ne peuvent pas
justifier une action directe d'inconstitutionnalité devant la Cour de
Justice Suprême sous le fondement dont elles ont été nuis ; que le
contrôle de la légalité d'une norme est exercé, au contraire, par
le biais de l'exception d'illégalité promue en occasion d'un
processus devant les tribunaux inférieurs de l'ordre judiciaire ou
administratif, lequel pourrait, éventuellement, être connaissance
par la Cour de Justice Suprême si devant elle on recourt comme Coupe
d'Annulation, et non comme Coupe Constitutionnelle ;

Considérant, que les dispositions de la loi soumises à l'examen de
la Cour de Justice Suprême, dans des fonctions de Coupe
Constitutionnelle, ne sont pas contraires à la Constitution ni aux
conventions et aux traités invoqués par ce qui est impetrantes
;Considérant, qui dans l'espèce, non-lieu pour que la Cour de Justice
Suprême, agissant ses fonctions constitutionnelles, promeuve d'office
aucune question qui conformément à la Constitution concerne à les
autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Pour de tels motifs : D'abord : Il déclare que lui articles
28,.36,.49,.56,.58, 62,.100,.101,.103,.138 et 139 de la Loi Générale
de Migration núm. 285-04, de du 15 août 2004, soumis à la Cour de
Justice Suprême, comme Coupe Constitutionnelle, pour leur examen, ils
sont conformes à la Constitution de la République ; Deuxièmement :
Il ordonne que cette sentence est communiquée au Magistrat Avocat
Général de la République, pour les fins de lieu, ce qui est
impetrantes et publiée dans le Bulletin Judiciaire, pour sa
connaissance générale ;

Jorge A Subero Issa, Rafaël Luciano Pichardo, Eglys Marguerite
Esmurdoc, Hugo Álvarez Valence, Juan Luperón Vásquez, Marguerite à
Tavares, juillet Ibarra Rivières, Enilda Rois Pérez Doux Rodriguez
de Goris, juillet Aníbal Suárez, Víctor José Castillans Et, Ana
Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío Fernández
Spinal, Pedro Romero Confesor et José Et Hernández Machado, Grimalda
Acosta, Secrétaire Générale

La présente sentence a été donnée et signée par les messieurs
Jueces que figurent dans son entête, dans l'audition publique du
jour, mois et année en lui exprimés, et a été signée, lue et
publiée par moi, Secrétaire Générale, qui certifie.

==================================
Questions, Preguntas, Help, Ayuda, Aide: --> <mailto:owner-bohio@bohio.org>

<FRA> BOHIO Espace virtuel de rapprochement, collaboration et action communautaire entre organisations de la société civile et acteurs du développement de la République Dominicaine et Haïti. Voir les archives, liste des participant(e)s, base de données, revue de presse: sur www.bohio.org

<ESP> BOHIO: Espacio virtual de acercamiento, colaboración y acción comunitaria entre organizaciones de la sociedad civil y actores del desarrollo de la República Dominicana y la República de Haití. Archivos, lista de participantes, base de datos, revista de prensa: en www.bohio.org
================================================================
Nearby jue 22 dic 2005 09:51:18 AST

Este archivo fue generado por hypermail 2.2.0 : mar 26 abr 2011 16:00:16 AST AST