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BOHIO: Reclaman al Presidente acatar fallo de la Corte Interamericana

BOHIO: Reclaman al Presidente acatar fallo de la Corte Interamericana

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Fecha: Tue, 12 Sep 2006 15:22:15 -0400
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-------> MESSAGE ORIGINAL

CASO NIÑAS DE ASCENDENCIA HAITIANA
Reclaman al Presidente Fernández acatar fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos La solicitud fue hecha por Roxanna Altholz, de la
Universidad de Berkeley, y por los activistas de los derechos cívicos David
Baluarte, del CEJIL, y Sonia Pierre, del MUDHA.

Gustavo Olivo Peña/Clave Digital

SANTO DOMINGO, DN.-El Gobierno Dominicano está obligado a cumplir el fallo
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que el 7 de octubre
condenó a la República Dominicana al pago de una indemnización de US$22 mil
y a la regularización de sus derechos de ciudadanas a las las jóvenes
Dilcia Oliven Yean y Violeta Bosico, de ascendencia haitiana.

La advertencia fue hecha ---mediante carta dirigida al presidente Leonel
Fernández Reyna-- por la abogada norteamericana Roxanna Altholz, Clínica
Jurídica de Derecho Internacional y los Derechos Humanos, de la Universidad
de Berkeley, California (EE.UU.). También por los activistas de los
derechos cívicos David Baluarte, del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), y Sonia Pierre, del y Movimiento de Mujeres Dominico
Haitiana (MUDHA).

La condena da un plazo de 1 año al Estado Dominicano para cumplir con los
siguientes mandatos:

1-Reformar el sistema de registro de nacimientos;
2-Garantizar escuelas a todos/as los/as niños/as "independientemente desu
ascendencia u origen;
3-Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de
desagravio;
   4-Publicar la sentencia e indemnizar a las víctimas y sus familias, entre
otras medidas.

Recuerdan al gobernante dominicano que el 7 de octubre próximo se cumplirá
un año de la emisión del fallo y se vencerá el plazo fijado por la Corte
para cumplir con las medidas de reparación ordenadas.

“No se ha avanzado en la implementación de la sentencia. Por ello,
consideramos oportuno destacar la importancia de su cumplimiento, con
relación a la protección de los derechos de los niños y las niñasy la
reafirmación del Estado de Derecho en la República Dominicana”, advirtieron.

Explicaron que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos,
a través de la Comisión y la Corte Interamericanas, ha tutelado en las
Américas los derechos de miles de víctimas de violaciones de derechoshumanos.

“En los más de sesenta casos en que la Corte Interamericana ha determinado
la responsabilidad estatal, los gobiernos de la región han debido reparar a
las víctimas con medidas de diversa índole. En efecto, las sentenciasde la
Corte Interamericana han motivado profundos cambios estructurales en el
derecho y la práctica interna de los países, con el fin de asegurar que las
violaciones no se repitan”, resaltaron.

Citaron los ejemplos de la derogación de las leyes de amnistía en Perú; la
tipificación del delito de desaparición forzada en Bolivia; la reforma
constitucional para eliminar la censura previa en Chile y la creación de
una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos en El Salvador.

La responsabilidad del Estado Dominicano

Los reclamantes recuerdan al presidente Leonel Fernández que la Corte
Interamericana determinó la responsabilidad del Estado dominicano por las
violaciones de los derechos de las niñas Yean y Bosico, y le ordenó adoptar
medidas de reparación, tanto para las menores agraviadas como otras de
carácter general para evitar situaciones similares en el futuro.

Uno de los mandatos del fallo de la corte obliga al Estado Dominicano a
capacitar funcionarios en derechos humanos, dar acceso de todos los niños y
todas las niñas al sistema educativo primario y la reforma del sistema de
registro de nacimientos.

“La eficaz implementación de dichas medidas constituye una obligación
internacional del Estado dominicano, según la Convención Americana de
Derechos Humanos, así como un deber político de un gobierno democrático y
respetuoso del Estado de Derecho”, indicaron.

A continuación la carta la Universidad de Berkley, el CEJIL y el MUDHA al
presidente Leonel Fernández Reyna, con copia al secretario de Relaciones
Exteriores, Carlos Morales Troncoso, y al presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Jorge A. Subero Isa, al Embajador para la República Dominicana
ante la OEA, Roberto Álvarez, entre otros:

Berkeley, Washington, D.C./Santo Domingo,

11 de septiembre de 2006

Doctor Leonel Fernández,
Presidente de la República
República Dominicana.

Excelentísimo Sr. Presidente:

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted con relación a la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yean y Bosico vs
República Dominicana.

El 7 de octubre próximo se cumplirá un año de la emisión del fallo y se
vencerá el plazo fijado por la Corte para cumplir con las medidas de
reparación ordenadas.

Sin embargo, durante el último año, no se ha avanzado en la implementación
de la sentencia. Por ello, consideramos oportuno destacar la importancia de
su cumplimiento, con relación a la protección de los derechos de los niños
y las niñas y la reafirmación del Estado de Derecho en la República
Dominicana.

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a travésde la
Comisión y la Corte Interamericanas, ha tutelado los derechos de miles de
víctimas de violaciones de derechos humanos.

En los más de sesenta casos en que la Corte Interamericana ha determinado
la responsabilidad estatal, los gobiernos de la región han debido reparar a
las víctimas con medidas de diversa índole.

En efecto, las sentencias de la Corte Interamericana han motivado profundos
cambios estructurales en el derecho y la práctica interna de los países,
con el fin de asegurar que las violaciones no se repitan.

Ejemplos de ello lo constituyen la derogación de las leyes de amnistía en
Perú; la tipificación del delito de desaparición forzada en Bolivia; la
reforma constitucional para eliminar la censura previa en Chile y la
creación de una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos en El Salvador.

Como es de conocimiento de Su Excelencia, el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL), la Clínica Jurídica de Derecho Internacional
de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
California, Berkeley, y Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA)
representamos, durante seis años de litigio internacional, a dos niñas,
nacidas en territorio dominicano, a quienes se les negaron, de manera
discriminatoria, sus actas de nacimiento.

La Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado dominicano
por las violaciones de los derechos de las niñas y ordenó al Estado adoptar
una serie de medidas de reparación, tales como la difusión de la Sentencia,
la realización de un acto público de desagravio, la indemnización de las
víctimas, la capacitación de funcionarios estatales en derechos humanos, el
acceso de todos los niños y todas las niñas al sistema educativo primario y
la reforma del sistema de registro de nacimientos, entre otros.

La eficaz implementación de dichas medidas constituye una obligación
internacional del Estado dominicano, según la Convención Americana de
Derechos Humanos, así como un deber político de un gobierno democrático y
respetuoso del Estado de Derecho.

Dado el rol fundamental que cumple el registro del nacimiento para el
ejercicio de derechos, las pautas establecidas por la Sentencia, para la
reforma del actual sistema de registro, tienen una profunda incidencia en
la garantía y protección de los derechos de niños y niñas.

Históricamente, el procedimiento de registro del nacimiento en la República
Dominicana ha sido engorroso y discriminatorio. Según el Banco
Interamericano de Desarrollo, aproximadamente el 25% de la población
dominicana carece de documentos.

Un niño o una niña sin acta de nacimiento puede verse imposibilitado para
acceder el sistema educativa, casarse, votar, comprar una propiedad, entre
otros derechos básicos.

Esta problemática afecta particularmente a los sectores económicamente más
desfavorecidos y a los niños y a las niñas de ascendencia haitiana. La
imposibilidad de acceder a derechos básicos no es la única consecuencia de
la falta de documentación.

Los niños y las niñas sin actas de nacimientos son vulnerables a la
explotación sexual y laboral, el tráfico de niños y niñas y las adopciones
ilegales. Además, la falta del registro de nacimiento es un obstáculopara
la planificación de estrategias eficaces de desarrollo.

Sin un adecuado sistema de registro, el gobierno corre el riesgo de ignorar
sectores de la población en la planificación del desarrollo social.
Leonel Fernández.
Clave Digital/Archivo.

La Corte Interamericana ordenó al Estado dominicano establecer un
procedimiento sencillo, accesible y razonable para adquirir la
nacionalidad. Según la Corte Interamericana, el lugar de nacimiento es la
única condición que debe ser demostrada para la adquisición de la
nacionalidad dominicana.

Adicionalmente, la Corte Interamericana ordenó al Estado dominicano
garantizar el acceso a la educación primaria y gratuita de todos los niños
y niñas, independientemente de su ascendencia u origen.

Las medidas ordenadas abren la posibilidad de la prosperidad económica e
inclusión social para las comunidades más vulnerables y marginadas dela
sociedad dominicana.

Es innegable que estas medidas requieren reformar sustancialmente políticas
públicas dominicanas, y nos complace que su administración haya señalado la
importancia de promover dichas reformas.

El 4 de junio de 2006, en el marco de la XXXVI Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que tuvo lugar en Santo Domingo,
el Secretario de Relaciones Exteriores Sr. Carlos Morales Troncoso,
transmitió a las delegaciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores
del continente americano, la intención de su gobierno de cumplir con la
sentencia de la Corte Interamericana en el caso Yean y Bosico.

Sin embargo, la falta de avance en el cumplimiento con la sentencia de la
Corte Interamericana, pone en duda la credibilidad y la capacidad del
Estado para acatar con seriedad y buena fe las resoluciones que obligan al
Estado a reparar las consecuencias de sus actuaciones.

El liderazgo impone responsabilidad, y la implementación de la sentencia en
el caso Yean y Bosico brinda una oportunidad histórica para que su gobierno
reafirme su compromiso con la consolidación del Estado de Derecho y el
respecto de los derechos humanos.

En esta oportunidad y en nuestra calidad de representantes de las víctimas,
instamos a su gobierno a cumplir cabalmente con la sentencia. Desde ya
expresamos nuestra disposición de colaborar con el gobierno dominicano y
esperamos poder compartir un espacio común para aunar esfuerzos en pos de
la protección de los derechos humanos.

Aprovechamos la oportunidad para expresarle a S.E. nuestros sentimientos de
más alta consideración y estima.
Atentamente,

David Baluarte, CEJIL

Sonia Pierre, MUDHA
Roxanna Altholz
Clínica Jurídica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Universidad de California, Berkeley

c.c.:
Dr. Carlos Morales Troncoso, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores
Dr. Jorge A. Subero Isa, Juez Presidente, Suprema Corte de Justicia
Dr. Luis Eladio Arias Nuñez, Presidente de la Junta Central Electoral
Dr. Roberto Álvarez, Embajador para la República Dominicana ante la OEA
Dr. Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Dr. Evelio Fernández, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
Dr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericanade
Derechos Humanos
Dr. Clare Roberts, Relator para los Afrodescendientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Dr. Paulo Sergio Pinherio, Relator para la niñez de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Dr. Florentín Meléndez, Relator para la República Dominicana de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Dr. Freddy Gutiérrez, Relator Especial sobre trabajadores migratorios y
miembros de sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Dr. Jorge A. Bustamante, Relatora Especial sobre los derechos humanos de
los migrantes de las Naciones Unidas
Dr. Jaap Doek, Secretario del Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas
Dr. Doudou Diène, Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de las
Naciones Unidas
Dra. Sigma Huda, Relatora Especial sobre la trata de personas,
especialmente las mujeres y los niños de las Naciones Unidas
Dr. Peter Lesa Kadanda, Presidente-Relator del Grupo de trabajo sobre las
personas de descendencia africana encargados de estudiar los problemas de
discriminación racial a que hacen frente las personas de ascendencia
africana que viven en la diáspora de las Naciones Unidas Dra. Gay
McDougall, Experta independiente en cuestiones de las minorías de las
Naciones Unidas
Dr. Vernor Muñoz Villalobos, Relator Especial sobre el derecho a la
educación de las Naciones Unidas
Dr. Arjun Sengupta, Experta independiente sobre los derechos humanos y la
extrema pobreza de las Naciones Unidas
Dr. Juan Miguel Petit, Relatore Especial s sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografíade de las
Naciones Unidas.

-------> FRANCAIS (ATTENTION: CECI EST UNE TRADUCTION AUTOMATIQUE NON REVISEE

CAS ENFANTS d'ASCENDANCE HAITIANA Réclament au Président Fernández
observer jugement de la Coupe Interaméricaine de Droits Humains la
demande a été fait par Roxanna Altholz, de l'Université de
Berkeley, et par les activistes des droits civiques David Baluarte, le
CEJIL, et de Sonia Pierre, du MUDHA.

Gustavo Olivier Galet/Clé Numérique

SAINT-DOMINGUE, Dn.-El Gouvernement dominicain est obligé d'accomplir
le jugement de la Coupe Interaméricaine des Droits Humains, que le 7
octobre a condamnés à la République dominicaine au paiement d'une
indemnisation d'USS22 mille et à la régularisation de leurs droits
de citoyens les aux jeunes Dilcia ils Coupent les basses branches Yean
et Violette Bosico, d'ascendance haitiana.

L'avertissement a été fait par lettre adressée au président Leonel
Fernández Reyna -- par l'avocat américaine Roxanna Altholz, Clinique
Juridique de Droit International et les Droits Humains, de
l'Université de Berkeley, Californie (EE. uu.). Aussi par les
activistes des droits civiques David Baluarte, du Centre par la
Justice et le Droit International (CEJIL), et Sonia Pierre, et du
Mouvement de Femmes Dominicain Haitiana (MUDHA).

La phrase donne un délai de 1 année à l'État dominicain pour
remplir les mandats suivants :

1- réformer le système de registre de naissances ; 2- garantir des
écoles à tous/as/as enfants/as "indépendamment de son ascendance ou
origine ; 3- porter un acte public de reconnaissance de
responsabilité et de je dédommage ; 4- publier la sentence et
indemniser aux victimes et leurs familles, entre d'autres mesures.

Ils rappellent au dirigeant dominicain que le 7 octobre proche on
accomplira une année de l'émission du jugement et le délai fixé
par la Coupe se vaincra pour remplir les mesures de réparation
ordonnées.

"On n'a pas avancé dans la mise en oeuvre de la sentence. Pour cette
raison, nous considérons opportun de souligner l'importance de leur
accomplissement, par rapport à la protection des droits les enfants
et des enfants et la reafirmación de l'État de Droit dans la
République dominicaine ", ont signalé.

Ils ont expliqué que le Système Interaméricain de Protection de
Droits Humains, à travers la Commission et la Coupe
Interaméricaines, a protégé dans les Amériques les droits de de
milliers de victimes de violations de droits humains.

"Dans les soixante cas où la Coupe Interaméricaine a déterminé la
responsabilité étatique, les gouvernements de la région ont dû
réparer aux victimes avec des mesures de diverse indo lui. En effet,
les sentences de la Coupe Interaméricaine ont motivé des changements
structurels profonds dans le droit et la pratique interne des pays,
afin d'assurer que les violations ne soient pas répétées ", elles
ont souligné.

Ils ont cité les exemples de la dérogation des lois d'amnistie au
Pérou ; la standardisation de l'infraction de disparition forcée en
Bolivie ; la réforme constitutionnelle pour éliminer la censure
préalable dans le Chili et la création deune commission nationale de
recherche de de disparues dans le
Sauveteur.

La responsabilité de l'État dominicain

Les réclamants rappellent au président Leonel Fernández que la
Coupe Interaméricaine a déterminé la responsabilité de l'État
dominicain par les violations des droits des enfants Yean et Bosico,
et lui a ordonné adopter des mesures de réparation, tant pour les
mineurs offensés comme d'autres de caractère général pour éviter
des situations semblables dans le futur.

Un des mandats du jugement de la coupe oblige à l'État dominicain à
former des fonctionnaires dans des droits humains, à donner accès
tous les enfants et de tous les enfants au système éducatif primaire
et la réforme du système de registre de naissances.

"La mise en oeuvre efficace de ces mesures constitue une obligation
internationale de l'État dominicain, selon la Convention Américaine
de Droits Humains, ainsi qu'un devoir politique d'un gouvernement
démocratique et respectueux de l'État de Droit", ont indiqué.

Ensuite la lettre l'Université de Berkley, le CEJIL et le MUDHA au
président Leonel Fernández Reyna, avec copie au secrétaire de
Relations Extérieures, Carlos Morales Troncoso, et au président de
la Cour de Justice Suprême, Jorge A Subero Isa, à l'Ambassadeur pour
la République dominicaine devant l'OEA, Robert Álvarez, entre autres
:

Berkeley, Washington, D.C./Saint Domingo,

11 septembre 2006

Docteur Leonel Fernández, Président de la République République
dominicaine.

M. excellent le Président :

Nous avons l'honneur de se adresser nous à à Vous par rapport à la
sentence de la Coupe Interaméricaine de Droits Humains dans le cas
Yean et Bosico vs République dominicaine.

Le 7 octobre proche on accomplira une année de l'émission du
jugement et le délai fixé par la Coupe se vaincra pour remplir les
mesures de réparation ordonnées.

Toutefois, pendant la dernière année, on n'a pas avancé dans la
mise en oeuvre de la sentence. Pour cette raison, nous considérons
opportun de souligner l'importance de leur accomplissement, par
rapport à la protection des droits les enfants et des enfants et la
reafirmación de l'État de Droit dans la République dominicaine.

Le Système Interaméricain de Protection de Droits Humains, à
travers la Commission et la Coupe Interaméricaines, a protégé les
droits de de milliers de victimes de violations de droits humains.

Dans les soixante cas où la Coupe Interaméricaine a déterminé la
responsabilité étatique, les gouvernements de la région ont dû
réparer aux victimes avec des mesures de diverse indo lui.

En effet, les sentences de la Coupe Interaméricaine ont motivé des
changements structurels profonds dans le droit et la pratique interne
des pays, afin d'assurer que les violations ne soient pas répétées.

Des exemples de de cela sont constitués par la dérogation des lois
d'amnistie au Pérou ; la standardisation de l'infraction de
disparition forcée en Bolivie ; la réforme constitutionnelle pour
éliminer la censure préalable dans le Chili et la création d'une
commission nationale de recherche de de disparues dans le Sauveteur.

Comme est de connaissance de Son Excellence, le Centre par la Justice
et le Droit International (CEJIL), la Clinique Juridique de Droit
International des Droits Humains de la Faculté de Droit de
l'Université Californie, Berkeley, et Mouvement de Femmes Dominicain
Haitiana (MUDHA) nous représentons, pendant six années de litige
international, à deux enfants, nés en territoire dominicain,
auxquels les ont refusées, de manière discriminatoire, ses actes de
naissance.

La Coupe Interaméricaine a déterminé la responsabilité de l'État
dominicain par les violations des droits des enfants et a ordonné à
l'État adopter une série de mesures de réparation, comme la
diffusion de la Sentence, la réalisation d'un acte public de je
dédommage, l'indemnisation des victimes, la qualification de
fonctionnaires étatiques dans des droits humains, l'accès tous les
enfants et de tous les enfants au système éducatif primaire et la
réforme du système de registre de naissances, entre autres.

La mise en oeuvre efficace de ces mesures constitue une obligation
internationale de l'État dominicain, selon la Convention Américaine
Droits Humains, ainsi que d'un devoir politique d'un gouvernement
démocratique et respectueux de l'État de Droit.Dr. Juan Miguel Petit,
Relatore Spécial s sur la vente d'enfants, la
prostitution infantile et l'utilisation d'enfants dans la pornografía
de des Nations Unies.

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