Proyecto OLISTICA

Proyecto Observatorio Latinoamericano del Impacto Social de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Acción

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Componente: IsTICómetros

 Pistas metodológicas para la medición del impacto social de las TIC: Aplicación en el caso argentino

Parte 2 - Etapa 2: Caracterización de las demandas sociales prioritarias: Identificación del rol de las TICs, como apoyo a la solución de las demandas mencionadas. 


Elaborado por:

Lic. Rubén Darío Ibáñez,

 

Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, Asociación Civil Grupo Redes.

 

Buenos Aires, Mayo de 2003

 

1.2.4.Erradicación de la corrupción inserta en todos los niveles del Estado y transparencia de la gestión pública dentro de todos sus ámbitos.

 

Como se señaló en el documento precedente, de identificación de las demandas sociales en Argentina[1], el problema de la corrupción ha provocado la perdida de legitimidad y credibilidad de la clase política, debido a la frustrada reforma política[2], a los permanentes y crecientes casos de corrupción e impunidad del poder político ante los ilícitos, a los abusos del poder y al sistemático olvido de las necesidades sociales al momento de instrumentar políticas anticrisis.

 

La corrupción y el uso político partidario de los instrumentos públicos no es un fenómeno nuevo ni siquiera atribuible exclusivamente a la clase política que participa del poder político en las últimas décadas. Sin embargo, en la última década han aumentado los niveles de corrupción, tanto en las organizaciones del Estado Nacional como en los Gobiernos Provinciales y Municipales, la impunidad de los funcionarios públicos y la distribución arbitraria o como instrumento de negociación política de los fondos públicos[3].

 

Tal situación es atribuible al proceso de concentración del poder político en el Poder Ejecutivo Nacional logrado durante la década del 90 en el gobierno “menemista”. Dicha concentración se dio a través de la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, la subordinación del Poder Judicial, la legislación por medio de decretos de necesidad de urgencia, el disciplinamiento partidario dentro del poder legislativo, la cooptación de otros actores del sistema político y económico del país. Como ya se indicó, la metodología utilizada por dicho gobierno se caracterizó por la construcción de consensos a partir de la corrupción y compra de los dirigentes políticos, sindicales, sociales y empresariales como lógica de la práctica social y en reemplazo de las identidades ideológicas, sociales, culturales, entre otras.

 

Además, el desmantelamiento del Estado Nacional, representado por la privatización del patrimonio nacional, los ajustes del gasto social[4], la subordinación de la clase política a los intereses de los sectores hegemónicos de la economía, la contratación pública de servicios a terceros (por lo general empresas pertenecientes a la misma autoridad política), entre otras fueron las fuentes para el proceso de acumulación de la clase política.

 

Los cambios dentro de la estructura del Estado han provocado un creciente cuestionamiento a la transparencia de la reforma iniciada a principio de los 90, generando así una fuerte demanda de regulación y control de los cambios impuestos desde el poder político y económico. Tales demandas no provinieron solamente desde el entorno local o nacional sino que los mismos organismos internacionales exigieron medidas frente a la ausencia de seguridad jurídica para los inversores internacionales.

 

En consecuencia, a mediados de la década en cuestión se inició un nuevo proceso de reforma del Estado orientado al desarrollo de mecanismos de regulación y organismos de control sobre los actos públicos y de los responsables políticos de las organizaciones del Estado.

 

En tal sentido se destacaron como prioridades la racionalización de la administración (principalmente financiera), la creación de una nueva estructura de control tanto interno como externo, y la obligatoriedad de transparentar las decisiones y actos públicos, a través de la publicidad de la información pública y crear las condiciones que posibilitaran  las denuncias de los ciudadanos sobre los actos ilícitos o de corrupción.

 

Sin embargo, la limitada independencia de los mecanismos regulatorios y de control hacia el poder político y económico promovió fuertes cuestionamientos  sobre la efectiva transparencia y control de los actos públicos y su limitado éxito sobre el achicamiento de los actos de corrupción en la Administración Pública.

 

En los últimos años de la década del 90 se inició un nuevo proceso de reforma modernizadora del Estado, en el cual se pretendía alcanzar los criterios de eficiencia pública aún pendientes.

 

En el mencionado proceso de reforma los principios del accionar público se debían orientar a recuperar la capacidad de respuesta del sector público hacia las demandas que surgen de la sociedad, a devolverle con servicios al ciudadano el dinero que aporta con el pago de sus impuestos y a construir una imagen dinámica, eficiente y transparente de la gestión administrativa. Con el fin de establecer un mayor acercamiento con los ciudadanos y recuperar el liderazgo en el proceso de modernización social y política del entorno nacional.

 

Los cambios que se pretendieron impulsar en los procesos de reforma del Estado tenían como principales líneas de acción:

·        Cambios en los modelos de Gestión, caracterizados por transformaciones institucionales que pretenden incrementar la productividad y calidad de los servicios y transformaciones transversales que se constituyen como herramientas de apoyo para la eficacia y eficiencia de los actos administrativos.

·        Modernización estructural, definida por la optimización en el uso de los recursos humanos y financieros de la Administración Pública.

·        Transparencia de la Gestión Gubernamental, representada por el establecimiento de normas y procedimientos que garanticen la efectiva transparencia de los actos administrativos.

 

Una vez más los principales lineamientos de esta nueva reforma quedaron en expresiones de deseo, debido a que tales cambios estaban sujetos a los resultados de las negociaciones políticas entre los distintos grupos que integran la estructura de poder.

 

Con la agudización de la crisis, reflejada por el aumento del desempleo, de la pobreza, de la exclusión social, y de la desigualdad no sólo entre los más ricos y los más pobres, sino también entre las regiones y provincias(,) se hizo más notorio el enriquecimiento de la clase política y de los grupos sociales, sindicales y económicos involucrados en la estructura de poder. Generando así una clase dirigente rica en un pueblo cada vez más empobrecido.

 

En consecuencia, esta crisis económica y social viene acompañada por una profunda crisis de confianza tanto en los políticos y en las dirigencias como en las instituciones, en particular en las instituciones públicas. La perdida de confianza , sumanda a los reiterados ajustes sobre las clases populares y los empleados públicos acrecentó el enfrentamiento entre la sociedad y la dirigencia política, cuyo punto máximo de tensión se produjo en diciembre de 2001.

 

En medio de esta situación es alentador constatar que en las manifestaciones contrarias a la clase política de diciembre 2001 no existió un cuestionamiento al sistema democrático como regimen político, siendo éste aún el modelo reconocido por los argentinos. Pero, también es cierto que no existe ese reconocimiento en la legitimidad de las instituciones que deben asegurar la gobernabilidad en el Estado de Derecho.

 

Luego de la reacción social había un fuerte reclamo por parte de la sociedad de depuración de las instituciones públicas y principalmente de los poderes del Estado. Dicho reclamo se sustento en la consigna “que se se vayan todos” y planteaba la convocatoria a elecciones para todos los cargos políticos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo) y la renuncia de la Corte Suprema de Justicia.

 

Ante dicha demanda, la reacción del gobierno de transición fue convocar a la “Mesa del diálogo argentino” cuyo objetivo era construir en común nuevas reglas de juego y consensos que regeneran la confianza social, basados en los principios de honestidad, transparencia, libre participación y solidaridad. En dicha mesa participaron organizaciones sociales de diferentes ámbitos como la Conferencia Episcopal Argentina, las Confederaciones del Trabajo, el PNUD, entre otros. Por su parte, desde el Poder Legislativo se impulsó el juicio político a gran parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a partir de reunir un cantidad considerable de denuncias contra los mismos.

 

La Mesa del Diálogo ha identificado los siguientes reclamos de la sociedad hacia el Estado:

1.      Se reclama al Estado y al poder político “eficacia” y “ejecutividad”; objetivos puntuales y prioridades a resolver.

2.      Continuidad en las políticas (políticas de estado) sin dejar de atender prioritariamente la “emergencia”

3.      La mayoría cree que no habrá solución para la crisis económica sin una profunda reforma política.

4.      La mayoría cree que los servicios públicos deben volver a ser estatales (36%) y otro porcentaje igual, que debe haber más control del estado sobre las prestadoras (servicios privatizados de luz, gas, teléfono)

5.      Un gran mayoría acuerda con bajar los gastos del Estado, pero que esto no implique despedir empleados públicos. A su vez la gran mayoría opina que el Estado gasta mal.

 

Además, en las conclusiones del diagnóstico realizado se destacan los siguientes puntos:

1.      Se registra una profunda insatisfacción con el ordenamiento económico y social que prevalició durante los años noventa de parte de varios estamentos de la dirigencia argentina y de amplios sectores de la ciudadanía.

2.      La situación actual está marcada por la ruptura de todo tipo de contratos “concretos y simbólicos”.

3.      De alguna manera se entiende que en la relación entre los ciudadanos y las instituciones no hay ley, todo queda sometido al arbitrio del que ejerce algun grado de poder.

4.      Predomina la incertidumbre, la dificultad y el riesgo extremo de confiar, la imposibilidad de prever y planificar.

5.      En cualquier mensaje, en particular los mensajes públicos-políticos, no se cree en el emisor, por lo que el contenido del mismo se torna irrelevante.

 

Los análisis de las demandas sociales producidos por la Mesa del Diálogo han tenido diferentes resultados plasmados en recomendaciones específicas para las diferentes áreas del gobierno. Pero tales recomendacioes han quedado en la mayoría de los casos en su carácter formal o declarativo.

 

Con relación al Juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia el resultado no ha sido muy alentador, debido a que las presiones políticas y económicas, provenientes de diversos sectores tanto internos como externos, han concluido con que el Parlamento no continuara con el proceso de enjuiciamiento.

 

En consecuencia, la mencionada crisis de diciembre demandaba instancias de participación ciudadana, caracterizadas por la exigencia de información, por la intervención en los procesos de toma de decisión de los actos públicos y por el control ciudadano sobre los actos colectivos, como fin de recuperar la confianza en el Estado, a partir de reconstruir la legitimidad y la representatividad de la clase dirigente y de sus instituciones.

 

Sin embargo, después de un año, la situación no ha cambiado demasiado y nuevamente los grupos políticos que administran el Estado desde hace 20 años son los principales favoritos para reemplazar al gobierno de transición.

 

Quizás es necesario elaborar una explicación sobre las causas de la continuidad de la clase política, tan cuestionada, y seguramente dicha explicación nos remonte a argumentos ya expuestos. Sin embargo, el presente documento no tiene como objeto dar respuestas al respecto pero sí debe señalarse que la eliminación de la corrupción en todos los niveles del Estado requiere de un cambio cultural frente a la corrupción en todos los niveles de la sociedad. Para ello se necesita tanto de acciones individuales como colectivas orientadas a transformar el sistema político, económico y cultural del país.



[1] El mencionado documento hace una caracterización de la situación Argentina de los últimos años e identificó las demandas sociales prioritarias que se caracterizan en el presente documento.

[2] La Argentina vivió una “sorda” reforma política que dio a luz a formaciones como el Frente Grande, el Frente País Solidario, Acción para la República, últimamente el ARI, afirmó Rapetti. El entrevistado la llamó “sorda” porque para nada fue consecuencia de un debate con participación social como el que se dio en la reforma política post “mani pulite” italiana. Por ello, las nuevas formaciones políticas, en algunos casos, apenas llegaron a enunciar el problema.....  En consecuencia, Rapetti enfatizó en que esta situación sólo puede resolverse en el marco de una profunda reforma política capaz de reconstruir la expresiones político  ideológicas de la sociedad.

[3] Los fondos públicos utilizados para planes sociales y de desarrollo en numerosos casos son entregados a organizaciones con las cuales los dirigentes políticos tiene compromisos electorales o son distribuidos arbitrariamente de acuerdo a los intereses de los dirigentes políticos. Por lo tanto, la asignación de planes no se corresponde necesariamente con las necesidades sociales sino con los intereses políticos de la clase dirigente

[4] La educación y la salud pública han sido los ámbitos afectados por los recortes presupuestarios y la delegación de las responsabilidades del gobierno nacional a los gobiernos locales, sin alterar los acuerdos de coparticipación federal. Además, la política social vinculada principalmente con sectores carenciados o grupos particulares como los discapacitados o la tercera edad fueron ajustadas o discontinuadas.

    

 

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Creado: 04/08/2003
Actualizado: 04/08/2003
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