La Declaración de Costa Rica, aprobada por los Ministros de Educación durante la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación (San José, 28-29 octubre 2004), reitera, con razón, la necesidad de incrementar la inversión en educación y pone el acento en uno de los mecanismos recomendados para dicho incremento: el canje de deuda por educación. La Declaración avanza con propuestas concretas, solicitando al gobierno español y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) la realización de un encuentro en 2005 entre los gobiernos y los tenedores de deuda a fin de analizar el tema, y encarga a la OEI asumir un papel facilitador ante los países y los organismos cooperantes. Leemos que dicha Declaración, conteniendo éstas y otras recomendaciones de los Ministros de Educación, será presentada en la XIV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno a realizarse en Costa Rica en los próximos días (19-20 noviembre), bajo el lema de "Educar para Progresar". Estos son los antecedentes inmediatos que han motivado la redacción y difusión de esta carta pública que hacemos llegar a ustedes con oportunidad de esta Cumbre.

La posibilidad de canjear deuda externa para incrementar la inversión social en nuestros países, y concretamente en educación, no es un tema nuevo. De hecho, esta iniciativa se propone actualmente en vías paralelas, tanto en el marco de las Cumbres Iberoamericanas y las Conferencias Iberoamericanas de Educación, promovidas por el gobierno y la cooperación españoles, como en el marco de las Cumbres de las Américas, impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo activo de los organismos financieros internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La investigación y la experiencia acumuladas en América Latina y el Caribe en materia de reforma educativa muestran que la asesoría y el endeudamiento externos que acompañan a dichas reformas desde la década del 90, principalmente por parte del Banco Mundial y del BID, no se han traducido en el prometido mejoramiento de la calidad de la educación y mucho menos en el esperado efecto de "alivio de la pobreza". El contexto económico y social no sólo que no mejoró sino que empeoró para la mayoría de la población en nuestros países. Por otra parte, como mostró el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación - LLECE, coordinado por la UNESCO, los mejores rendimientos de aprendizaje en la región (en las dos áreas claves evaluadas por el LLECE: Lectura-Escritura y Matemáticas) los obtuvo Cuba, un país que viene sosteniendo su fe y su compromiso en la educación a pesar de sus monumentales dificultades económicas, y el único en el ámbito regional que no ha acudido a asesoría y créditos de la banca multilateral.

Las negociaciones de dichos préstamos se hicieron y continúan haciéndose a puerta cerrada, sin consulta ni participación social, no obstante que el peso del pago de la deuda recae sobre toda la población y en especial sobre los más pobres, en cuyo nombre se realizan los préstamos. Los dineros aportados por dichos préstamos han sido mal usados, creándose una falsa ilusión de abundancia proclive al despilfarro y a la corrupción. Las condicionalidades impuestas por la banca multilateral, su desprecio por las especificidades y los acumulados nacionales, y su errónea comprensión de la educación y del cambio educativo, llevaron a configurar pequeños ministerios de élite para el manejo de dichos préstamos y proyectos internacionales, debilitando aun más en esas operaciones a los Ministerios de Educación. Las recetas aplicadas en nuestros países bajo el membrete de "reforma educativa" han resultado costosas e inoperantes, si nos atenemos a los parámetros de costo-beneficio que aplican los mismos economistas de los bancos que evalúan el cumplimiento de los proyectos.

Por otra parte, de la experiencia acumulada sabemos que los canjes de deuda:

• son iniciativas impulsadas -directa o indirectamente- por los gobiernos de los países acreedores, que desarrollan con estos canjes una especie de válvula de escape para canalizar las protestas de sus propios grupos sociales y sus organismos no gubernamentales;
• se han caracterizado por el cortoplacismo en la gestión de los gobiernos y el clientelismo en las relaciones de poder entre estos y los potenciales beneficiarios. Este horizonte estrecho se refleja en la priorización de proyectos cuyos frutos son visibles en poco tiempo y que se marchitan con la misma celeridad;
• gracias a su abultada promoción, llegan a crear la falsa idea de que con este mecanismo se podría pagar la deuda externa o incluso la posibilidad de una "deuda para el desarrollo", pero en verdad están lejos de resolver el problema de la deuda y ni siquiera aumentan sustantivamente los recursos para las inversiones sociales, contribuyendo a lo sumo como fuente adicional de financiamiento de las ONGs encargadas de gestionar los recursos obtenidos por la vía del canje.

Adicionalmente, la aceptación acrítica de la conversión de la deuda externa para fines sociales:

• desconoce o menosprecia la perniciosa incidencia de los programas de estabilización y las políticas de ajuste derivadas de la misma deuda, que han provocado un marcado deterioro de las condiciones sociales y un notorio debilitamiento de la capacidad y responsabilidad estatales en relación con la producción de bienes públicos, entre ellos la educación. Como revela el reciente estudio encargado por la OEI sobre el canje de deuda por educación, América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más endeudada del mundo y en la mayoría de países el "servicio de la deuda" es mayor que el gasto en educación;
• refuerza la falsa creencia de que el principal problema de las políticas sociales, y de las educativas en particular, es la falta de recursos financieros y que su incremento resolverá el problema. Como sabemos, la "escasez" no es un dato de la realidad sino una construcción política y comunicacional, que revela en este caso que lo social no es prioritario -como sí lo es, en cambio, atender a los requerimientos del capital financiero- y que la "gobernabilidad" se basa en el cuidado de los intereses de las minorías antes que de la calidad de vida de toda la población.

De hecho, como ya es ampliamente reconocido, las "políticas sociales" en nuestros países han terminado convirtiéndose en políticas compensatorias, inmediatistas, encargadas de resolver la emergencia y sin capacidad para compensar los desequilibrios y los problemas generados por las políticas económicas. Asimismo, la "focalización" ha pasado a ser un instrumento de estigmatización de los excluidos ante el resto de la sociedad, al abandonar el Estado su responsabilidad en el cumplimiento universal de los derechos esenciales de la ciudadanía. Es pues el modelo económico mismo el que necesitamos cambiar, antes que darle oxígeno con el pulmón artificial de más préstamos y más canjes de deuda.

No es fortuito que en América Latina y el Caribe se venga reafirmando que la deuda externa es impagable e ilegitima. Hay entre nosotros quienes, incluso, sostienen que la deuda ya está pagada y que en realidad los acreedores de la deuda histórica, ecológica, social e incluso financiera, son los actuales países subdesarrollados sobreendeudados, que deberían asumir con conciencia esta posición.

Dado este contexto, es importante que esta Cumbre Iberoamericana profundice en los problemas y en sus causas estructurales, y que no reitere los diagnósticos, conclusiones y recetas superficiales e ineficaces a que nos han acostumbrado los organismos financieros internacionales y sus contrapartes técnicas nacionales. Nuestras sociedades requieren ser clarificadas, no confundidas más, en torno a la deuda externa y a la ilusión de fórmulas mágicas de canje que resolverían el sobreendeudamiento y generarían recursos significativos para el desarrollo. Es indispensable reconocer a nivel internacional lo que ya sabemos en cada uno de nuestros países: el problema educativo es complejo y de largo arrastre y no se resuelve simplemente con más presupuesto; las principales causas de la insuficiente asignación de recursos para la educación son, entre otros, la priorización irresponsable del servicio de la deuda externa sobre el desarrollo social, la incomprensión y falta de valoración de la educación como condición fundamental del desarrollo económico y social, la corrupción - nacional y internacional - que continúa llevándose impunemente recursos públicos que deberían invertirse en la gente, el uso de la transparencia y la rendición de cuentas en el discurso pero no en los hechos de los gobiernos y de los organismos internacionales.

Estos y otros reconocimientos públicos exigen obviamente gran honradez y valor político. Esto es lo que esperamos de ustedes, pues la retórica ha llegado ya a un punto insostenible y la incredulidad ciudadana campea en todo el continente. Es hora de abrir la puerta para un gran diálogo entre acreedores y deudores de la deuda externa, a fin de no seguir por un camino sin salida tratando de realizar mejor las mismas tareas, simplemente para imponer la razón coyuntural del más fuerte, que implica la sinrazón de un futuro cada vez más inhumano.

Por todo lo anterior, desde la amplia y heterogénea sociedad civil latinoamericana y caribeña, solicitamos a ustedes:

1. Se constituya un tribunal internacional para la deuda externa, en el que, luego de una auditoria integral y multicriterial de dicha deuda para impugnar las deudas ilegales e ilegítimas, se pueda encontrar respuestas definitivas, equitativas y sostenibles, respetando los derechos elementales de los pueblos, incluyendo su derecho al desarrollo. Sólo así la deuda externa dejará de ser eterna.
2. Se convoque de manera creíble y permanente a las sociedades civiles de nuestros países a elaborar respuestas estructurales y sistémicas, desde una visión global y respaldada con acciones políticas que permitan que la educación pase a ser genuinamente una herramienta de progreso y liberación.

Siguen firmas de adhesión a esta carta.