Componente:
IsTICómetros
Pistas
metodológicas para la medición del impacto social de las TIC:
Aplicación en el caso argentino
Parte 2 - Etapa 1:
Identificación de las demandas sociales en Argentina: Definición
de demandas prioritarias.
Elaborado
por:
Lic.
Rubén Darío Ibáñez,
Centro
de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior,
Asociación Civil Grupo Redes.
Buenos
Aires, Febrero
de 2003
1.2.
Identificación de la demanda social en Argentina.
Realizar
un análisis de la situación Argentina puede remitirse al contexto de
crisis política, económica y social que ha tenido su punto máximo
de ebullición el 20 de diciembre del 2001, con la reacción social en
contra de la política económica, situación social generada por el
modelo económico y la legitimidad de la clase política cada día más
distante de la sociedad y sus demandas.
Sin
embargo, el análisis de la situación imperante y de las demandas
sociales vigentes requiere hacer un breve estado de situación de la
última década
que se caracterizó por la imposición del modelo económico, político
y social impulsado por los organismos financieros internacionales y
los grupos económicos concentrados, el creciente divorcio de los
organismos de representación social con los sectores populares que
les brindaron la legitimidad para acceder al poder y el
desmantelamiento del Estado Nacional, representado por la privatización
del patrimonio nacional, los ajustes del gasto social, el enriquecimiento
acelerado de los funcionarios públicos, la subordinación de la clase
política a los intereses de los sectores hegemónicos de la economía,
entre otros temas que implicaron la construcción de un Estado al
servicio de un núcleo reducido de actores que concentran el poder
económico y que son los principales beneficiarios del accionar público.
A
fines de los 80s y principios de los 90s Argentina se enfrentaba a una
profunda crisis caracterizada por la inestabilidad de las principales
variables económicas, ausencia de financiamiento externo y saqueos a
supermercados como indicadores de la crisis social y económica
imperante. Esta situación se remite de algún modo al enfrentamiento
entre los sectores económicos dominantes, que pretendían mantener
vigente el régimen de acumulación, impuesto por la dictadura
militar, y la clase política que en algún momento pretendió esbozar
medidas económicas orientadas a construir una nueva fase del modelo
de sustitución de importaciones
El
recambio constitucional de autoridades del Estado albergaba una nueva
expectativa de cambio en el país, a través del cual la alianza de la
clase política con los sectores populares revertiría el modelo político
de exclusión social y económica iniciada en 1976. Como así también,
generaría el desarrollo competitivo de sectores productivos
nacionales intensivos en conocimiento que se encontraban en una
situación de desventaja ante el modelo de apertura y desregulación
económica impuesto por el gobierno militar, entre los diversos
sectores se podría mencionar la “emergente industria informática”.
Sin
embargo, las políticas de estabilización monetaria,
mayor apertura de la economía y privatización de las empresas del
Estado no implicaron un cambio sino una profundización del modelo
vigente, en el que la clase política se vinculó y subordinó a los
sectores económicos dominantes, tanto locales como transnacionales.
Por lo tanto, el modelo de exclusión social se profundizó generando
mayores índices de desempleo, pobreza y marginalidad social.
En
tal sentido, los cambios no se orientaron solamente a redefinir la
estructura del Estado sino a alterar la relación entre capital y
trabajo, modificando la distribución del ingreso y aumentando la
concentración del mismo, provocando así el empeoramiento de las
condiciones de vida de los asalariados y la exclusión social de los
sectores desocupados. Además, la Ley de Emergencia Económica
eliminaba la política de subsidios públicos destinada al desarrollo
industrial y sumado a la apertura de la economía, provocó el cierre
de un importante número de Pequeñas y Medianas Empresas y el
crecimiento del desempleo y el subempleo, registrándose índices de más
del 30% desde 1993.
Finalmente,
a las políticas de reforma económica se sumó la ampliación de la
cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, como forma de
garantizar la concentración del poder político en el Poder Ejecutivo
Nacional, la subordinación del Poder Judicial y la legislación por
medio de decretos de necesidad de urgencia.
El
mencionado contexto no sólo refleja los niveles de subordinación de
la clase política a las demandas de los grupos económicos locales e
internacionales y la banca acreedora internacional, así como la
concentración de poder político a efectos de no tener complicaciones
en las políticas definidas, sino que da una clara imagen del divorcio
entre los partidos políticos y la sociedad civil. Esta situación
demuestra que los sectores populares no tendrán capacidad de
incidencia en la política a seguir pero serán los que deban pagar
los costos de la crisis.
Ante
tal situación, la pregunta reinante es ¿por qué esta situación se
prolongó durante 10 años –dos mandatos presidenciales- sin reacción
de los diferentes grupos sociales?
Parte
de la respuesta está vinculada con la expansión del crédito
interno, que favoreció al crecimiento del consumo de amplios sectores
de la sociedad y generó las condiciones para ampliar el consenso
social hacia el modelo de acumulación. Además, la amenaza latente de
rebrote hiperinflacionario fue una herramienta utilizada por el
partido gobernante para lograr la cohesión social necesaria y
garantizar la continuidad del esquema político y económico diseñado
a principios de los noventa.
Sin
embargo, la otra parte de la respuesta se relaciona con el
descabezamiento de las organizaciones sociales que pudieran organizar
y movilizar a la sociedad civil en contra del sistema impuesto. Dicho
descabezamiento se da por medio de la captación de los líderes políticos,
sindicales, sociales y comunitarios de aquellas organizaciones que
fueran contrarias al modelo o representaran un peligro latente para
los beneficiarios del mismo.
La
metodología utilizada se caracterizó por la generalización de la
corrupción y compra de los dirigentes políticos, sindicales,
sociales y empresariales como lógica de la práctica social y en
reemplazo de las identidades ideológicas, sociales, culturales, entre
otras.
El
modelo económico entra en crisis a fines de los 90s producto de la
fuga de capitales y la prolongada recesión de la economía interna
que, provocó la transferencia de las inversiones hacia segmentos de
la economía intensivos en recursos naturales y vinculados con el
mercado externo y hacia activos financieros radicados en el exterior.
El
nuevo gobierno que asume el poder en 1999 se enfrenta ante la
confrontación de los sectores dominantes debido a la caída de la
tasa de ganancia que brindaba el modelo y la necesidad de adoptar
medidas que reactiven el modelo de acumulación vigente. Asimismo, el
gobierno de la Alianza debió enfrentar una situación social
caracterizada por altos índices de exclusión social, donde casi el
50% de la población se encontraba y encuentra por debajo de la línea
de pobreza, más del 30% de la población económicamente activa se
encontraba desocupada o subocupada, creciente desnutrición infantil,
inseguridad, entre otros problemas que generó el modelo durante 25 años.
Además, existía un fuerte cuestionamiento de la sociedad hacia la
política social desarrollada en los últimos años, la cual se
caracterizó por los altos niveles de corrupción y uso político
partidario de los planes sociales, principalmente en las provincias más
pobres del país.
Sin
embargo, el principal problema que debió enfrentar el nuevo gobierno
fue la perdida de legitimidad y credibilidad de la clase política,
debido a la frustrada reforma política,
los permanentes y crecientes casos de corrupción e impunidad del
poder político ante los ilícitos y los abusos del poder y al sistemático
olvido de las necesidades sociales al momento de instrumentar políticas
anticrisis.
En
consecuencia el nuevo gobierno de la Alianza, que llegó al poder con
un discurso alternativo al modelo vigente, se encontró con demandas
provenientes de todos los sectores sociales y con una confianza
limitada por parte de la sociedad. Las demandas sociales requerían un
accionar rápido y firme del gobierno en la solución de los problemas
prioritarios como son el hambre, la falta de empleo, la ausencia de
infraestructura e insumos en escuelas y unidades sanitarias
desbordadas por la creciente población que no tiene posibilidades de
acceso a escuelas y hospitales privados.
Las
presiones que ejercieron los grupos de poder y la permeabilidad del
gobierno ante dichas presiones generaron ante la sociedad una situación
de parálisis, ineficacia,
inacción y debilidad del gobierno de la Alianza frente a la
crisis imperante. Dicha debilidad llevó a que el gobierno adoptara
políticas de ajuste salarial hacia la administración pública con el
fin de resolver el déficit fiscal y mantener el modelo vigente,
profundizando así la recesión y exclusión social.
En
consecuencia, la perdida de legitimidad social del gobierno y la
confrontación de los sectores dominantes provocaron la crisis general
del sistema político. El cual fue cuestionado por desentenderse de
los problemas relacionados con las demandas prioritarias que provenían
de los sectores populares. Además, la lucha contra la corrupción
quedaba en un segundo plano debido a los negocios comunes existentes
entre el partido en el poder y los dirigentes del ex partido
gobernante, lo que implicó la continuidad de la corrupción como práctica
política dominante.
La
continuidad de los ajustes, el crecimiento de la brecha social, la
ineficiencia y ajuste sobre la política social, la generalización
del hambre en los sectores de menos recursos, la continuidad de la
corrupción, la ausencia de políticas de reactivación económica y
el congelamiento bancario de los ahorros
provocó la reacción social del 19 y 20 de diciembre del 2001 que
demandaba en primera instancia la remoción del Ministro de Economía
y el cambio de rumbo de las medidas económicas pronunciadas por el
gobierno nacional. Sin embargo, la falta de reacción del gobierno
nacional generó un vacío de poder que terminó anticipadamente con
el gobierno aliancista.
La
crisis de legitimidad de la clase política provocó la sucesión de
Jefes de Estado durante lo que restaba del mes de diciembre.
Finalmente, un nuevo acuerdo entre los principales partidos generó
las condiciones mínimas para la asunción de un nuevo gobierno de
transición que intentara hacer frente a los principales problemas e
iniciara el proceso eleccionario para generar un proceso de transición
democrática legítima.
El
nuevo gobierno que se inició en el 2002 impulsó el proceso de
devaluación monetaria controlada por el Banco Central de la República
Argentina, beneficiando así a los sectores de la economía vinculados
con el mercado externo. El proceso de devaluación generó nuevamente
una fuerte reacción especulativa y alza de los precios de los
productos básicos de consumo.
Además, las deudas y gran parte de los ahorros en dólares se
convirtieron a pesos, lo que implicó reacciones de los ahorristas y
los acreedores locales e internacionales.
Más
allá de la situación de los sectores medios y altos, la devaluación
y la suba de los precios provocó, una vez más, en los sectores
populares la caída del valor real del ingreso y la disminución de la
capacidad de consumo de todos los sectores de la sociedad. Ante dicho
contexto, los sectores populares optaron por diferentes vías para
satisfacer las necesidades básicas de consumo como por ejemplo el
trueque o la producción hogareña de alimentos, generando problemas
sanitarios debido a la falta de controles.
Además,
la caída del consumo trajo de la mano la disminución de la inversión
y ajuste de los gastos por parte de las empresas y los sectores medios
y altos de la sociedad lo que implicó el crecimiento de la desocupación
y la marginalidad social. Finalmente, la desconfianza en el sistema
bancario llevó a que los ahorristas guardaran su dinero en los
hogares lo que provocó un aumento acelerado de la inseguridad urbana
y la delincuencia, que adoptó modalidades particulares como los
secuestros en las calles y los robos en las casas.
Por
su parte, las políticas sociales del Gobierno se han orientado a
brindar asistencia económica
y alimentaria a los sectores excluidos, pero las limitaciones
presupuestarias y la gran cantidad de población demandante hace que
dichos programas tengan un impacto positivo limitado.
Más
allá de los cambios en el contexto nacional, las demandas sociales se
mantienen y se profundizan, principalmente en los sectores populares
de los suburbios urbanos y más aún en las zonas rurales. En
consecuencia, las principales demandas sociales identificadas son:
1.
Solución a los problemas alimentarios que tienen los sectores
excluidos, principalmente los problemas de la desnutrición infantil
que está ocasionando cada día más muertes en el cuarto país
productor de alimentos.
2.
Solución al problema del desempleo a partir de una política
de reactivación económica que genere fuentes de trabajo e inclusión
social a amplios sectores de la sociedad. Como así también
la recomposición del mercado de trabajo; específicamente
refiriéndose a la oferta de trabajo (recalificación laboral; crear
en los trabajadores condiciones de empleabilidad; capacitación;
desarrollo de actitudes de emprendedor; etc.)
3.
Erradicación de la corrupción inserta en todos los niveles
del Estado y principalmente en los programas de asistencia social,
caracterizada por el uso político de los planes o desvío de fondos y
productos para la venta particular. Como así también mayor
transparencia de la gestión pública en todos sus ámbitos, a partir
de creación de sistemas o mecanismos de participación y control
ciudadano.
4.
Reactivación de la inversión privada y promoción industrial
para las pequeñas y medianas empresas.
5.
Impulsar una reforma política profunda que debata temas
fundacionales del país, como el sistema de representación, eliminación
de los privilegios, entre otros y recomponga las expresiones políticas
e ideológicas.
6.
Una Justicia ética,
transparente, independiente del poder político y económico,
eficiente y eficaz, que brinde a la sociedad seguridad jurídica en su
concepto jurídico,
es decir: igualdad ante la ley sin excepciones, jueces imparciales e
independientes y previsibilidad de las consecuencias de las acciones.
7.
Recomposición del Sistema Nacional de Salud y del Sistema
Educativo, principalmente en aspectos vinculados con la
infraestructura y los insumos.
Redefinición de los acuerdos con los organismos
financieros internacionales, con el fin de priorizar el gasto social
antes que la deuda externa.
La Argentina vivió una “sorda” reforma política que
dio a luz a formaciones como el Frente Grande, el Frente País
Solidario, Acción para la República, últimamente el ARI, afirmó
Rapetti. El entrevistado la llamó “sorda” porque para nada
fue consecuencia de un debate con participación social como el
que se dio en la reforma política post “mani pulite”
italiana. Por ello, las nuevas formaciones políticas, en algunos
casos, apenas llegaron a enunciar el problema.....
En consecuencia, Rapetti enfatizó en que esta situación
sólo puede resolverse en el marco de una profunda reforma política
capaz de reconstruir la expresiones político ideológicas de la sociedad.
 
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